El documento debe ser consensuado por todos los sectores implicados de esta zona a proteger
31 may 2017 . Actualizado a las 10:42 h.En 1980 se declaraban los primeros parques naturales de Galicia, ambos muy cerca de Vigo: monte Aloia y nuestras protagonistas las islas Cíes. Tanto como decir que hasta entonces no existía ninguno. El conjunto del movimiento ecologista de entonces felicitó a la Administración pero también criticó lo cicatero de las declaraciones. Bienvenidos sean, se decía, pero se necesitaban más, muchos más parques naturales.
Veintidós años después llegó la declaración del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. El argumento ecologista fue exactamente el mismo, congratularse por la declaración y aumentar el rango de protección de Cíes y por añadir al resto de archipiélagos hasta entonces abandonados a su suerte a efectos de conservación. Porque esto es (o debería ser) un parque nacional: la máxima figura de protección de un espacio natural que contempla nuestra legislación. De la misma forma la crítica ecologista se centró en la falta de ambición. ¿Por qué se incluyeron algunos islotes (Vionta, Malveiras) y se excluyeron las Estelas o Sisargas? ¿Por qué se excluía la Costa da Vela, entre Cíes y Ons, añadiendo un espacio continental que forma una unidad ecológica en la zona marítimo terrestre? ¿Por qué se incluye una isla interior (Cortegada) y se excluye San Simón o Tambo? Se decía entonces que se trataba de un primer paso, que los límites del parque no eran inmutables y que en cualquier momento se podrían aumentar.
Rebasada ampliamente una década desde aquella declaración es evidente que aquel paso fue el primero y último. Una hipotética ampliación del parque nacional ni está planteada ni se la espera. El último capítulo de esta historia vuelve a tener a Cíes como protagonista. Hace cuatro años el Concello de Vigo proponía la candidatura de Cíes como Patrimonio de la Humanidad. Nadie preguntó la opinión ecologista, como es costumbre, pero igualmente la aportamos donde nos quisieron escuchar: felicitamos al alcalde por su iniciativa, pero manifestamos que lo ideal sería que no se excluyera al conjunto del parque nacional, que no se retrocediera, a efectos de protección, a lo ya conseguido. Es lo mismo que reivindicamos desde hace cuatro décadas: no sobra ni un solo espacio natural protegido, bien al contrario faltan muchos (Galicia es de las comunidades con menos superficie de espacios protegidos de España y de Europa). Por eso, cuanto más, mejor.
Coincidimos por lo tanto, circunstancialmente, con la posición de la Xunta, pero no tenemos una agenda oculta. Nuestra coincidencia tiene como base sencillamente que la declaración de Patrimonio Mundial que propone la Xunta incluye en esta nueva protección más islas.
Estos meses dedicamos al menos tres páginas a argumentar los valores naturales del resto de archipiélagos del parque nacional que reforzarían la candidatura, aun siendo conscientes de que los argumentos ecológicos, científicos y técnicos son irrelevantes cuando lo que se piden son actos de fe y adhesiones incondicionales. Lo curioso es que en el fondo la polémica entre Concello y Xunta es absurda. Nada cambiará para Cíes ni para el conjunto del parque nacional en lo que realmente les importa, y ese es el problema: la coincidencia de ambas administraciones en sus prioridades.
Analizando la hemeroteca desde que comenzó el sainete nos encontramos una proporción de cincuenta a uno. Por cada cincuenta veces que Concello y Xunta hablan de turismo, visitantes, promoción se cuela una tímida mención a la conservación de estos espacios que es, tanto para la Unesco, como para la red de parques nacionales la prioridad absoluta. Un ejemplo. El propio parque nacional, que en unos meses elaboró su documentación para presentar ante el ministerio, lleva más de una década sin elaborar su propio Plan Rector de Uso y Gestión, un documento básico para gestionar un espacio protegido que regula la ordenación de sus recursos, define sus límites y establece sus objetivos. Es, además, un documento que debe ser consensuado por todos los sectores implicados de la zona a proteger (administraciones, asociaciones profesionales o particulares de usuarios, población local, oenegés, etc). Estos planes son las herramientas técnicas que articulan las directrices de gestión y conservación de un parque nacional y son obligatorias.
En la red de parques nacionales sigue figurando que el PRUG de Islas Atlánticas está, quince años después, «en proceso de elaboración». Dicho de otra forma: un parque nacional que está incumpliendo su propia normativa aspira ahora a cumplir criterios internacionales. Hay que «hacer los deberes», dice la Xunta. Pues empiecen ustedes mismos.