El escándalo de las residencias gestionadas por la empresa Domusvi en Barreiro y Aldán exige explicaciones ante los tribunales. Ya hay denuncias presentadas por familiares, pero se hace difícil entender que la Xunta de Galicia no se persone o que no haya noticias de que la Fiscalía haya actuado de oficio. Es inverosímil pensar que no exista una enorme negligencia en la gestión para que en un solo día la residencia de Aldán pasase de seis mayores infectados a 108. Y de dos trabajadores, a 17. En Vigo ha sucedido otro tanto. De hablar de dos casos aislados y uno grave, que finalmente ingresó en el hospital Álvaro Cunqueiro y falleció, se ha pasado a más de la mitad de los 150 residentes con positivo. Y la plantilla diezmada. El escándalo es tan grande que abundan los testimonios de empleados, cuyos sueldos y precariedad laboral ya habían sido denunciados durante años, que dicen que tuvieron que trabajar sin medidas de seguridad, amparándose con bolsas de plástico. Además de que no se cubrían las bajas ni por el propio coronavirus. Para colmo, los familiares, que no pueden recoger a sus mayores de los centros, padecieron el silencio absoluto cuando no la desinformación. Cuando llamaban por teléfono, si conseguían que alguien les atendiese, (cuestión difícil en Vigo, pero especialmente en Cangas), muchas veces se les dieron mentiras como respuestas. Ahora ambos centros están intervenidos por la Xunta, algo que reclamaban los familiares hace tiempo. En buena parte, corresponderá administrar un auténtico desastre. Pero resulta llamativo que no haya también una investigación en marcha.