Algunos dueños de las fincas se quejaban de que les pagaban cero euros por los derechos de sus fincas y reclamaban entre 3 y 4 euros
30 ago 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado en las últimas semanas varias sentencias que condenan a pagar 3.000 euros en costas del juicio a decenas de expropiados forzosos de la plataforma Plisan de Salvaterra-As Neves y a una asociación que los representa. Los expropiados pedían una mejora del justiprecio de sus tierras y derechos mineros pero la sala les condena a cada uno a abonar mil euros de tope en costas al departamento de la Xunta del que depende el jurado de justiprecio, otros mil a la Autoridad Portuaria de Vigo y otros mil al Consorcio de la Zona Franca. En conjunto, dichas instituciones públicas tienen derecho a pasar unas costas por un máximo de 3.000 euros.
Una de las últimas sentencias afecta a la Asociación de afectados pola Plataforma Loxística-Industrial Salvaterra-As Neves, que recurrió contra el acuerdo del Xurado de Expropiación de Galicia del 25 de marzo del 2021. Este fijó un justiprecio para la finca no explotable económicamente de 510 metros cuadrados perteneciente a un matrimonio y que heredó su hija. El solar fue expropiado por el Instituto Galego de Vivenda e Solo para ejecutar el proyecto denominado Plisan Inclusión de bienes y derechos de los recursos mineros y valoración del suelo de nucleo rural por sentencias del TXSG. La finca fue valorada en cero euros el metro cuadrado sin presentar una valoración alternativa.
La sala recuerda que los litigios por el precio de las expropiaciones empezaron en el 2002 para construir la plataforma logística en Salvaterra y As Neves. En la finca que alude la sentencia, se fijó cero euros. La asociación, en representación de la heredera, reclamó elevar el precio de forma genérica, teniendo en cuenta que se pagan a 3,14 euros las tierras con depósitos aluviales y a 4,43 las situadas en terreno granítico. El TSXG recalca que se han presentado más de un centenar de demandas idénticas pero cada una de ellas debe concretar claramente la situación de la finca en el mapa, lo que fue incapaz de hacer la asociación y, por ello, la condena.