«Me concedieron el ingreso mínimo vital y ahora me obligan a devolverlo todo»

alejandro martínez VIGO / LA VOZ

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Bonifacio Puime muestra la carta que les llegó del Ministerio reclamándoles la deuda
Bonifacio Puime muestra la carta que les llegó del Ministerio reclamándoles la deuda M.MORALEJO

La Seguridad Social reclama 6.000 euros a una pareja de Vigo por pagos indebidos

30 sep 2023 . Actualizado a las 01:39 h.

Una pareja de Vigo que percibía el ingreso mínimo vital deberá devolver cerca de 6.000 euros al erario público. El Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones envió una carta a la beneficiaria diciéndole que había declarado indebidas las cantidades que percibió, tras contrastar con la Agencia Tributaria la información sus ingresos y patrimonio. El organismo estatal le dio un mes para que abonase el dinero en un solo plazo. El tiempo ha pasado y no tiene cómo pagarlo. Ahora esperan otra carta para negociar la deuda y teme que le bloqueen la cuenta bancaria desde la que paga el alquiler de su casa.

«Una persona en una situación límite económica y socialmente, de repente se tiene que sacar de la chistera todo el dinero que le han dado y con efecto retroactivo», se queja Bonifacio Puime. Afirma que el dinero que les reclaman es la totalidad del importe de las ayudas que percibió y no considera que sea justo.

Vive con su pareja, a la que concedieron el ingreso mínimo vital porque ambos carecían de ingresos al no tener trabajo. Al cabo de un año, ella consiguió un empleo como dependienta en una tienda a media jornada, con un sueldo de cerca de 500 euros. «Según la información que teníamos, podía seguir cobrando la paga al no llegar al salario mínimo interprofesional», afirma. Juntando ambos ingresos, sumaban «un sueldo normal» que les daba para ir cubriendo sus necesidades básicas de alimentación, luz, agua y alquiler. «La ayuda no te da para vivir, es para sobrevivir», afirma.

Al cabo de un tiempo, les redujeron la cuantía. «Lo consideramos dentro de lo normal porque pensamos que ellos harían sus cuentas», afirma Bonifacio. Finalmente, acabaron retirándoles la ayuda, mientras ellos subsistían con el sueldo de ella. «Te llevas la sorpresa, pero asumes que tienen sus razones», afirma. Al cabo de unos meses, les llegó una carta en el que les reclamaban todo el importe dado desde el principio.

De cobrar íntegramente el subsidio, vieron cómo la Seguridad Social se lo fue reduciendo hasta quitárselo para, finalmente, reclamarles todo lo que le pagaron. «Me dan un dinero y luego me lo quitan. Hay cosas que se escapan a la lógica», se queja Bonifacio, que no descarta recurrir a todas las vías legales a su alcance para defender sus intereses.

Bonifacio afirma que no es él quien tiene que tener la capacidad para saber que está recibiendo un dinero que no le corresponde. «Son ellos, es el sistema el que tiene que tener recursos o gente cualificada, porque funcionarios tienen», se queja. «Me pregunto dónde voy a vivir si me bloquean la cuenta y no puedo pagar el alquiler. Plantaré una tienda de campaña y me voy a la Seguridad Social por bloquearme la cuenta donde meto el poco dinero que consigo reunir para pagarme un techo», dice.

Bonifacio reconoce que no tiene dinero para devolver las ayudas que percibió. Si lo tuviera, no hubiera cobrado la ayuda. «Ellos se remiten a la declaración de la renta del año anterior. Declaras y, al año siguiente ven que tu situación ha cambiado y te reclaman», explica. No le parece correcto que le obliguen a devolver los importes de una ayuda desde el primer momento en el que se la concedieron porque reunía los requisitos y que se la fueron reduciendo de manera paulatina.

La Federación de Vecinos Eduardo Chao le ha prestado asesoramiento jurídico para que pueda presentar una alegación. En dicha reclamación afirma que la prestación no fue solicitada, sino que fue la administración la que procedió a su abono de forma voluntaria. Asegura además que la Seguridad Social ha dispuesto en todo momento de todos los datos económicos, sin haberse ocultado ni tergiversado ninguno.

Además reconoce que carece de los medios económicos para proceder a la devolución de las cantidades reclamadas. Considera que no procede la devolución de unas cantidades concedidas por la administración voluntariamente, «cuando poseía todos los datos económicos para saber si procedía o no a su abono».