El juicio por vender decodificadores «pirata» se cierra con penas de multa e indemnizaciones por más de 670.000 euros

La Voz

VIGO

Oscar Vázquez

Las partes llegan a un acuerdo de conformidad en Vigo y ninguno de los acusados irá a prisión, frente a la petición inicial de la Fiscalía: penas que sumaban casi 24 años de prisión y una multa de más de 21 millones

04 nov 2023 . Actualizado a las 01:44 h.

La causa abierta contra siete personas y una empresa, acusados de delitos contra la propiedad intelectual por la distribución de contenido audiovisual sin autorización y venta de decodificadores de televisión 'pirata' se cierra con penas menores, que han sido sustituidas por multas, y con indemnizaciones que suman algo más de 670.000 euros

Así lo acordó en una vista de conformidad celebrada este jueves en la sección quinta de la Audiencia de Provincia, en la que también se confirma, por parte de las acusaciones particulares, la retirada de cargos contra, al menos, otro procesado, que ha quedado absuelto

Con respecto a los demás acusados, y aplicando las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, han sido condenados por dos delitos relativos al mercado de consumidores en concurso con delito contra la propiedad intelectual, y por un delito de pertenencia a organización criminal.

El tribunal impone penas que oscilan entre el año y medio y el mes y medio de prisión, condenas que en todos los casos se sustituyen por penas de multa. Asimismo, deberán pagar multas que suman unos 7.000 euros, además de la multa de 20.650 euros impuesta a la única empresa acusada, Engel Systems

Por otra parte, los acusados, tanto las personas como la sociedad mercantil, son inhabilitados por diferentes períodos para dedicarse a la venta de decodificadores de televisión como los que utilizaron en esta trama. También se establecido indemnizaciones a las empresas perjudicadas, que suman más de 672.000 euros.

Difusión de contenido audiovisual 

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los procesados integraban un grupo dedicado a emitir o reproducir contenidos audiovisuales y de canales de televisión, tanto públicos como privados, vulnerando los derechos de propiedad intelectual. 

El «modelo de negocio» de la empresa acusada, con delegaciones en toda España, entre ellas también en Galicia, era realizar 'apagones' periódicos de los servidores, lo que obligaba a los usuarios a comprar otro decodificador de la marca que le permitía volver a ver los canales de televisión de pago de forma gratuita. 

De esta forma, como consecuencia de las caídas de servidores llevaron a un «aumento considerable» de los beneficios en la empresa por el incremento de las ventas de los decodificadores de su marca. La Fiscalía pedía inicialmente penas que sumaban casi 24 años de prisión, y una multa de más de 21 millones de euros para la empresa implicada, así como indemnizaciones por más de 16 millones de euros.