Los criadores de aves exóticas decomisadas que murieron en el zoo de Vigo se querellan contra el Seprona

Criadores del área de Vigo que fueron investigados por un presunto delito contra la fauna por un posible tráfico de especies protegidas que el juzgado de O Porriño archivó en marzo, han acudido de nuevo a los tribunales. Esta vez son ellos los que denuncian. Quieren que se investigue «la muerte de nueve aves exóticas en el zoo de Vigo que le fueron decomisadas y el estado de las demás, que nos fueron devueltas en pésimas condiciones y por orden judicial».

Es una querella contra «el Seprona, el Ministerio de Transición Ecológica y las personas que, en instrucción, actuaron como colaboradoras». «Pedimos que se depuren responsabilidades ante una actuación desproporcionada por parte del Seprona, sobre unos hechos que ya se han acreditado que eran falsos en un procedimiento que no investigaron con carácter previo», señaló ayer su abogado, Raúl Vázquez, tras presentar la querella en el juzgado.

Hasta nueve presuntos delitos denuncian los criadores, incluyendo también uno contra la fauna con el resultado de la muerte de varias aves protegidas por el convenio Cites. Los demás son por supuesta detención ilegal, acusación y denuncias falsas, estafa procesal, revelación de secretos, obstrucción a la justicia, falsedad, daños en bienes privados y prevaricación.

Los hechos se remontan a junio del 2022. Hace justo dos años, la Guardia Civil intervino en un domicilio de O Porriño 48 aves protegidas, ocho de ellas recién nacidas y con menos de una semana de vida, que se mantenían aún en la incubadora así como un huevo que eclosionó posteriormente en el zoo. Fallecieron nueve crías de loros grises, guacamayos y loros americanos. «No se denuncia a Vigozoo porque hay dos certificados del veterinario responsable en los que advierte, tanto antes del depósito de las aves como después, que no disponen ni de los medios ni de las instalaciones adecuadas para asegurar su bienestar», señala Raúl Vázquez. Esos documentos también dicen, indica el letrado, «que no veía aconsejable ni depositarlas ni mantenerlas en el zoo», otro de los argumentos que esgrimen en su denuncia por presunto delito contra la fauna. Los criadores manifestaron tras el archivo de la denuncia contra ellos, que habían tenido que prestarle las incubadoras y las papillas para todos los pájaros porque en Vigozoo no disponían de esos medios. «Las aves maltratadas o muertas tenían un alto valor genético y son especies en peligro de extinción, como un loro vasa. El gondomareño Javier Penedo es el único criador que ha conseguido reproducir esta especie en España o un Amazona Oratrix de Javier Pérez», advierte Raúl Vázquez.

Los querellantes aseguran de que el atestado que se remitió a Fiscalía para iniciar las diligencias previas «se basaron en tan poco elementos e indicios como un vídeo y una consulta por internet, con los que se confeccionó un informe en el que se habla de delitos tan notorios como el de contrabando de género prohibido, con el que consiguieron engañar al Ministerio Público y a la juez de guardia». Sostienen que «ninguna de las afirmaciones de aquel atestado resultaron ser ciertas, ni los hechos imputados guardan similitud alguna con la realidad y prueba de ello es que, tras el sobreseimiento de las actuaciones, no se incoó tampoco expediente por posibles infracciones administrativas».

La entrada para el registro domiciliario de O Porriño en el que se incautaron las aves se habría hecho en base a un auto en el que se afirma que el propietario y criador de las instalaciones no había comunicado ni tenía la documentación necesaria para la posesión de ninguna de las especies que aparecían en el vídeo. Su letrado argumenta ahora que es una afirmación falsa porque la autoridad Cites «tenía pleno conocimiento de que el criador, José Doval Ucha, realizaba las labores de guardería y apoyo en la cría para terceros que no disponían del tiempo necesario para el cuidado de las recién nacidas». «Los agentes sin embargo, manifestaron que las aves tenían un origen ilícito, llegando incluso a apuntar a Portugal como lugar de origen, con único fundamento en la cercanía del país de origen», sostienen en la demanda.

Denuncian además una presunta «detención ilegal de Ucha». «Sin orden judicial, en presencia de familiares y amigos y colocando esposas por escarnio». Tampoco se habría atendido su petición de hacer una llamada para que los propietarios de las aves se personaran. «La querellla es también contra el Miteco por prevaricación, porque el mismo día de la incautación podía haber comprobado ya la legalidad de todas las aves. Esperó dos años a confirmarla y mientras les denegó a todos los investigados la prestación de cualquier trámite, cuando fueron los que hicieron el informe final que demostró la legalidad de todas las aves», apunta Raúl Vázquez.

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Ejemplares fallecidos

Todos de menos de un mes. Algunas con un alto valor genético y en especie de extinción

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