Adiós al sueño de no depender de las eléctricas: el Ayuntamiento ordena demoler la instalación en Coruxo
06 nov 2024 . Actualizado a las 01:18 h.Son tendencia en la actualidad y es hacia donde apunta el futuro en favor del ahorro y la sostenibilidad. Pero no todo vale. Los paneles solares también deben adaptarse a la legalidad urbanística vigente. Y si no lo hacen, les acecha la piqueta. Es lo que acaba de ocurrir en un domicilio de la parroquia de Coruxo, en Vigo. El Concello acaba de ordenar a los propietarios de una casa que desmantelen un complejo de 14 paneles fotovoltaicos que habían instalado en su vivienda unifamiliar.
Las placas solares cubrían la fachada y con ellas los beneficiarios iban a ser prácticamente autosostenibles reduciendo el consumo eléctrico a una mínima expresión. Pero no tuvieron en cuenta que la vivienda de la calle Combro se encuentra dentro del área de protección de un conjunto de hórreos de la parroquia de Coruxo. Se trata de un bien patrimonial que está incluido en el catálogo de la revisión del Plan Xeral aprobado inicialmente. Esta circunstancia hacia necesario contar con un autorización de la consellería de Cultura. La Xunta no autorizó un proyecto inicial y lo rechazó por segunda vez con la desestimación de un recurso de alzada que presentaron los interesados. «Pódese concluir que as obras proxectadas non acadaron autorización sectorial». Aún así, se llevó a cabo la instalación de los paneles. La inspectora municipal acudió a la zona y pidió la licencia de obras, «pero fue informada desfavorablemente por no aportar la documentación solicitada». Desde el Concello advirtieron a los propietarios que no podían iniciar o continuar las obras, toda vez que una comunicación previa que habían presentado «non constitúe título habilitante». El Concello inició el año pasado un expediente de protección de la legalidad urbanísticas por la instalación de una planta de generación de energía eléctrica basada en tecnología solar fotovoltaica conectada a la red interior, compuesta de 14 paneles adosados mediante una estructura a la fachada de la edificación «sen que conste título habilitante municipal nin autorización autonómica».
La empresa que llevó a cabo la instalación presentó un informe favorable de Patrimonio Cultural de la Xunta, autorizando la última propuesta de configuración. Sin embargo, la concejalía de Urbanismo desestimó el recurso de reposición. El Concello considera que las obras que se llevaron a cabo tampoco se adaptaban al segundo proyecto autorizado. El motivo es que los paneles son más grandes que la propia cubierta en la que se han instalado. Una parte de los mismos sobresale del tejado de la casa. «A proposta autorizada non se corresponde coas obras executadas», concluye el expediente municipal. Por tal motivo, consideran que las obras realizadas «non son legalizabes por ser incompatibles co ordenamento urbanístico». Por tal motivo, otorga a los dueños de la casa un plazo de tres meses para que procedan a la demolición de su proyecto para no depender de las compañías eléctricas y la reposición de la obra al estado anterior. En caso de incumplimiento, advierten, tanto a los dueños de la casa como a la empresa instaladora, de que la Administración local procederá a la ejecución subsidiaria o a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas, reiterables mensualmente de 1.000 a 10.000 euros.
El Concello ordenar desmantela una instalación fotovoltaica de una casa cuando, en realidad, apuesta por este tipo de soluciones sostenibles. Hace dos años tomó la decisión de bonificar con el 50 % del impuesto del IBI a todos aquellos propietarios que instalen paneles solares en edificios.
El objetivo es incentivar la transición energética y producir ahorro a las familias. El Concello calculaba que esta medida podía tener un impacto de medio millón de euros. Los descuentos se efectúan en un período de tres años desde el momento de la instalación de los paneles fotovoltaicos.