La falta de personal para analizar las drogas incautadas sigue retrasando las causas judiciales
VIGO
La demora en la entrega de informes es de casi un año desde el decomiso
09 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El problema crónico de falta de personal rebasó el vaso de la paciencia de la plantilla en activo del Laboratorio Exterior de Vigo. Ocurrió hace nueve meses, en julio. Los propios funcionarios lo trasladaron por vía oficial al resto de administraciones con las que trabajan; juzgados y cuerpos policiales, principalmente. El mensaje era elocuente: la unidad de farmacia y control de drogas de Sanidad Exterior de Vigo, encargada de analizar la droga requisada en las provincias de Pontevedra y Ourense, estaba colapsada por la falta de personal y no seguiría analizando los estupefacientes que se decomisen en el futuro o que estén pendientes de analizar tras su incautación. El tiempo medio de espera entonces era de un año. La notificación enviada a los cuerpos policiales y juzgados exponía que el cese de la actividad comenzó el 11 de julio por la «carencia crítica de personal». Hoy, nueve meses después, la demora sigue acercándose al año para recibir esos informes.
El Laboratorio Exterior de Vigo depende del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Lo curioso de todo lo ocurrido en esta arista de la administración pública con sede en el puerto es que tanto el ministerio afectado como la subdelegación tardaron un mes en reaccionar al plante de sus funcionarios. Más curioso resultó que la solución aportada al trascender en los medios el «colapso» de esta unidad de farmacia y control de drogas, tanto el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Subdelegación de Pontevedra viesen oportuno conceder una solución que hasta entonces negaron durante años.
El remedio implicó aportar interinos al laboratorio y reforzar la parte administrativa. Pero el parche aplicado por el Gobierno de España es solo una solución cortoplacista que permitió salir del colapso y recuperar la actividad; pero no conlleva una estrategia para reforzar un laboratorio del que dependen los estamentos judiciales y policiales de las provincias de Ourense y Pontevedra, con las Rías Baixas como gran supermercado de la droga que deriva en constantes detenciones por tráfico de estupefacientes. Cada una de esas causas, de haber al menos una micra de droga decomisada, depende de la agilidad de este laboratorio para no ralentizar unos procedimientos judiciales que por sí solo son complejos y requieren de tiempo para finalizar las instrucciones.
Desde el 2015
La precariedad a la que está expuesta la plantilla de este laboratorio no es nueva. Comenzó en el 2015 y desde entonces no ha dejado de empeorar. Depende orgánicamente de la Subdelegación del Gobierno, que a su vez está subordinada al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Funcionalmente, para recibir las instrucciones, depende de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad. Pero el problema se agravó en los último años no solo por esta falta de personal que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Subdelegación de Pontevedra no han resuelto durante una década; se complicó también por la mayor incautación de drogas que realizan los cuerpos policiales coincidiendo con un aumento en el tráfico de estupefacientes a todos los niveles.
La última gran investigación contra el trapicheo en Vigo tiene detenidos en prisión sin juzgar a la espera de analíticas
Un caso paradigmático del retraso en la entrega de los informes y analíticas de drogas requisadas policialmente en la provincia tiene su origen en Saiáns. La investigación se explotó en mayo del año pasado tras siete meses de pesquisas del grupo I de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional de Vigo-Redondela. Los objetivos eran camellos que vendían cocaína y heroína a granel, en gramos, pero de manera continuada hasta convertirse, según la causa judicial, en una red de gran alcance en Vigo y su área metropolitana para los consumidores finales. Aquella investigación implicó el ingreso en prisión provisional de algunos detenidos.
Hoy, diez meses después, los mismos investigados siguen en la cárcel sin juicio y a la espera de que el juzgado reciba las analíticas realizadas a los estupefacientes decomisados para poder avanzar en la instrucción. También, por ejemplo, resolver los recursos presentados por las defensas donde solicitan la salida de prisión de sus clientes a la espera del juicio. Pero ese derecho de los implicados para resolver de manera ágil dichos recursos no puede tramitarse mientras no se reciban las analíticas de drogas. Es decir: la lentitud de una administración afecta a otras.
La investigación contra esta trama aparentemente de perfil bajo requirió de las mismas técnicas policiales aplicadas a las grandes organizaciones del narcotráfico. Colocar balizas en vehículos, intervenciones telefónicas y seguimientos de calle muy complejos de realizar sin que los investigados se sintieran observados. A mayores, se descubrió y probó que los encargados de la venta final desde una vivienda de Saiáns tenían proveedores de Salceda y Argelia, y vendían en Vigo y O Baixo Miño. Despachaban por igual cocaína que heroína, y el estrecho camino donde residían en Saiáns, además de concurrido por coches que iban y venían tras comprar sus conductores la enésima papelina, conllevó un trabajo complejo de avistamiento porque la posición del inmueble y la falta de visibilidad; salvo que los agentes se adentraran frente a la casa. Pero de hacerlo, serían vistos y todo el trabajo se habría tirado por la borda.