Pontevedra está entre las 15 provincias con más juicios relacionados con la crisis
VIGO
Es la octava de España por concursos de empresarios y la novena por salarios
24 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La provincia de Pontevedra figura entre las quince de España cuyos tribunales tramitaron en el 2024 más juicios relacionados con la crisis económica, un punto por encima de lo que le correspondería por población. Sus jueces examinaron 29.260 demandas de este tipo el año pasado, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Estos miles de casos provienen, en parte, de los coletazos de la crisis hipotecaria y del ladrillo del 2008, del parón generado por la pandemia del 2020 y de las posteriores alzas de precios por la falta de materias primas, la guerra de Ucrania y el encarecimiento del alquiler y la vivienda. En el último lustro, se sucedieron pleitos por EREs, cierres de empresas y demandas contra consumidores arruinados que tiraron de tarjeta o préstamos on line.
Pero la mayor parte de esos pleitos relacionados con la crisis los presentan los fondos de recobro de deudas. Los jueces de la provincia examinaron el año pasado decenas de miles de reclamaciones de fondos de inversión que compraron lotes de deuda a la banca a precio de saldo. Suponen el 66 % de los litigios relacionados con la crisis. En total, se contabilizaron 20.651 procedimientos monitorios, lo que coloca a Pontevedra como la provincia 14 de España con más casos. Los monitorios son procedimientos que permiten el cobro exprés de facturas de la luz o el teléfono sin pagar, compras con tarjetas de hipermercados o grandes almacenes y préstamos on line.
Si el ciudadano no se opone, el fondo logra que un juez le certifique su derecho a cobrar la deuda pero si el moroso presenta batalla, deben acudir a un procedimiento verbal. Aunque la estadística del Poder Judicial no los incluye entre los pleitos de la crisis, ahora cientos de acreedores van directamente a la vía verbal para obtener una sentencia que permita embargar los bienes.
Concursos de acreedores
Los juzgados de Pontevedra registraron 949 concursos de acreedores para empresas, administradores y personas físicas no empresarias (autónomos, familias hipotecadas), lo que la sitúa entre las 15 provincias de España más afectadas. Se trata de firmas al borde de la quiebra que quieren reestructurar su deuda y reordenar pagos a través de quitas. Otras veces son empresas zombi y sin activos abocadas a la liquidación. En el caso de los ciudadanos insolventes, estos piden al juez que les deje empezar de cero y les libere de sus deudas.
Durante el 2024, los tribunales locales registraron 63 concursos de personas físicas empresarias, lo que sitúa a Pontevedra como octava provincia de España por número de quiebras personales de administradores de negocios. Solicitan el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho de la Ley de Segunda Oportunidad para salvar sus bienes personales.
Además, hubo 128 concursos de personas jurídicas (noveno puesto en España, siete por encima de lo que le correspondería por población). Son solicitudes de empresas para negociar quitas. La cifra ronda la registrada en la crisis financiera, que superó el centenar de suspensiones de pagos al año en Vigo, uno de los tres juzgados de la provincia.
Pero lo que más llama la atención son los 758 concursos de personas físicas no empresarias presentados, principalmente, por familias acogidas a la Ley de la Segunda Oportunidad. Por volumen de casos, Pontevedra ocupa el puesto 16 en España. Muchos ciudadanos recurren a bufetes especializados para empezar de cero. Se trata de propietarios que están hipotecados o consumidores que perdieron el control y tiraron de tarjeta hasta entramparse con préstamos e intereses que no van a devolver en su vida. En otras palabras, son insolventes porque no tienen ni un céntimo ni propiedades a su nombre que embargar. Algunos se ahorran decenas de miles de euros.
Los casos de familias deudoras son examinados exclusivamente por los tres juzgados de lo Mercantil. A partir del uno de abril, por turno, los estudiará la jueza de Vigo. La magistrada ha pedido refuerzos ante la tormenta perfecta que se le avecina porque acumula, además, 2.458 demandas contra el cartel de coches.
Casi 500 inquilinos y 26 casas con okupas desalojados en un año
La crisis de la vivienda ha generado cerca de mil pleitos en la provincia en un año. Con casi un millón de habitantes, Pontevedra ocupa el puesto 16 de España por tamaño de población. Las estadísticas del Poder Judicial desvelan que el número de demandas relacionadas con impagos de vivienda se corresponde con su cifra de habitantes.
Por ejemplo, así ocurre con el número de lanzamientos de inquilinos que no pagan la renta y que rondaron los 500 en toda provincia en el 2024. El lanzamiento consiste en que una comisión judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos acude a la vivienda alquilada con un cerrajero, cambia la cerradura y le devuelve la casa vacía al dueño. Significa que el inquilino ya ha sido desalojado, pero si se opone a marcharse y no entrega las llaves, acude la policía.
Según las cifras del CGPJ, el año pasado hubo 470 lanzamientos en la provincia, lo que le sitúa en el puesto 16 de España, lo que coincide con el tamaño de su población.
La legislación reciente ha permitido prórrogas en los desalojos de los inquilinos si tienen menores de edad a su cargo y corren riesgo de exclusión social. El juez ordena a la Xunta que busque una solución habitacional a estas familias que pierden su techo.
No ocurre lo mismo con las demandas presentadas por okupación ilegal de viviendas. En la provincia se contabilizaron 26 casos en el 2024, una cifra muy baja respecto al número de habitantes y que la sitúa en el puesto 25 de España, diez por debajo. Depende de factores como que en Pontevedra existan menos inmuebles okupados que en otras partes del Estado o que los propietarios denuncien menos.
En estos procedimientos, el juzgado ordena el desalojo del okupante. Si no se va por las buenas, puede intervenir la policía. A veces, se trata de narcopisos, en los que aparecen drogas y armas.
Respecto a las ejecuciones hipotecarias, estas han sido menores de lo esperado para el número de habitantes. En estos procesos, el banco considera que el comprador de la vivienda ha dejado de pagar las cuotas de la hipoteca y le reclama la devolución del inmueble, el cual es subastado. La ley obliga a la banca a negociar con el deudor antes de pedir su desalojo. En el 2024, la provincia registró 356 ejecuciones hipotecarias, lo que le sitúa en el puesto 19 de España, tres por debajo de su población.
Cerca de 3.700 reclamaciones en los tribunales porque su empresa les debe dinero
La provincia de Pontevedra cuenta con un fuerte sector industrial y de servicios por lo que los trabajadores generan miles de pleitos laborales cada año por despidos improcedentes, reclamación de cantidades, incapacidades y enfermedad, seguridad social, teletrabajo o conciliación familiar.
Pontevedra ocupa uno de los puestos más elevados de España en cuanto al número de demandas que presentan los trabajadores para reclamar a su respectiva empresa que les pague un dinero que consideran que les debe. Aquí se incluyen desde los atrasos en las nóminas hasta las horas extra o las pagas extraordinarias. Es un termómetro de si las empresas están boyantes o si, por el contrario, tienen dificultades para estar al día en sus pagos a la plantilla. En total, en el 2024, los juzgados de lo social de la provincia tramitaron 3.656 demandas de reclamación cantidades presentadas por trabajadores. Este dato es preocupante porque Pontevedra ocupa el noveno lugar en España por estos impagos cuando por población le debería haber correspondido el 16. Está siete escalones por encima, señal de que hay más impagos de las empresas de lo normal.
Otro termómetro de la crisis son las demandas que presentan los trabajadores contra su despido para solicitar al juez que lo anule o lo declare improcedente y le conceda la readmisión en su puesto de trabajo o una indemnización. En el caso de la provincia de Pontevedra, los jueces tramitaron el año pasado un total de 2.563 demandas de despido, lo que le sitúa en el puesto 15 de España, uno por encima de lo que le correspondería por población.
Ambos indicadores podrían dar pistas sobre un despido más elevado de lo normal de trabajadores y problemas de algunas empresas para pagar la nómina.