El Ayuntamiento de Vigo dice que gastó 140.000 euros en realojos tras un incendio mortal
VIGO
El Concello dio explicaciones al Defensor del Pueblo sobre la búsqueda de una «solución habitacional» para los 28 okupas que residían en el edificio de Alfonso X el Sabio que ardió en 2023 y en el que murieron una mujer y tres de sus hijos
18 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Vigo dice que su departamento de Servicios Sociales gastó 140.000 euros en proporcionar una «solución habitacional» a las familias desalojadas del incendio de Alfonso X el Sabio, en el que murieron una madre y tres de sus hijos el 10 de octubre del 2023. El Ayuntamiento contestó así a preguntas del Defensor del Pueblo que, mientras la Xunta no respondía a esa demanda para buscarles alojamiento, los afectados siguieron recibiendo atención social personalizada por parte de los servicios sociales municipales, los cuales asumieron, íntegramente, todos sus gastos, que se cuantifican en 140.000 euros.
La atención inmediata consistió en facilitar a las familias afectadas una pernocta, aseo, ropero, alimentación, atención psicológica y de trabajadores y educadores sociales. En coordinación con la Gerencia Municipal de Urbanismo, contrataron a la oenegé Provivienda para que intermediase en la búsqueda y captación de viviendas en régimen de alquiler social mientras la Administración competente en materia de vivienda (Xunta, IGVS) encontraba una solución habitacional definitiva para dichas personas vulnerables. Sufragó enteramente los hostales donde se alojaron como recurso de emergencia y efectuó ingresos por prestaciones sociales, aunque de forma temporal.
La Sociedad Gitana Española replica que la mayoría de las familias afectadas «siguen viviendo un auténtico drama a día de hoy pues continúan sin ser realojadas en viviendas normalizadas teniendo que vivir la mayoría en habitaciones de amigos, otros familiares...» y se ven obligadas a pedir «bolsas de comida» porque la ayuda es de 500 euros al mes.
Alrededor de 25 residentes fueron juzgados el 1 de abril por un delito de ocupación ilegal del inmueble siniestrado pero la Fiscalía pidió su absolución y la acusación particular que se eximiese al viudo y padre de los fallecidos y a otro denunciado que probó que estaba empadronado en otra localidad.