La viguesa que venció a las administraciones: «Con 120 euros al mes y dos niños es imposible vivir»

Una caída por el hueco de una escalera en el 2017 cambió la vida de una mujer con dos hijos menores en Vigo. Las múltiples fracturas en una pierna la dejaron sin fuerzas para trabajar. «Estuve cuatro meses en silla de ruedas y otros tantos con yesos que me dejaron la pierna atrofiada, con artrosis y el pie era un martillo. Los primeros años lloraba cada mañana del dolor», recuerda. Desde entonces, su lucha no ha sido solo física, sino también institucional.

Con dos hijos a su cargo y una hipoteca de casi 400 euros al mes, inició un viacrucis en busca de ayudas sociales. La sorpresa llegó cuando trabajadoras sociales le denegaron las prestaciones básicas alegando que sus hijos percibían becas de estudios. «Pretendían que pagara la comida y la hipoteca con el dinero de sus becas. Les dije que eso era un delito», denuncia. Afirma que una funcionaria le respondió que, a partir de ese momento, todo le sería denegado. Y así fue. el cobro mensual del ingreso mínimo vital fue bajando sin justificación: de los 445 euros iniciales en 2020 pasó a 300, luego a 180 y, finalmente, a solo 120 euros. «Con 120 euros al mes y dos niños es imposible vivir. Tuve que endeudarme con la tarjeta de crédito y una amiga me prestó dinero para comprar comida y pagar la hipoteca», explica. 

Asegurada dos horas

Su situación se agravó aún más cuando descubrió que estaba asegurada solo dos horas al día en su último empleo, pese a haber trabajado ocho, lo que redujo drásticamente su derecho al paro. Ganó su primer juicio contra la Xunta, que le había denegado ayudas para la hipoteca, alimentos y reformas en su casa.

El segundo pleito lo ganó recientemente al Concello de Vigo, que le había negado otra ayuda para la hipoteca. Dice que ambos expedientes fueron tramitados por trabajadoras sociales municipales. «En los registros aparecía que cobraba más de 700 euros al mes, pero eso nunca lo vi. El juzgado se basó en mis extractos bancarios, donde constaba que en siete meses cobré entre 120 y 180 euros», aclara. El juez que resolvió el caso contra el Concello consideró que el ayuntamiento no había motivado debidamente su resolución y que vulneró los principios de equidad y justicia social.

Según la sentencia, se trataba de una mujer «en situación de vulnerabilidad por la reducción drástica de sus ingresos y la ausencia de otras vías de ayuda» y que había acreditado «de forma suficiente» su necesidad de apoyo público. El fallo concluyó que la administración actuó de forma contraria a los fines del sistema de protección social y le obligó a concederle la ayuda denegada. Actualmente, no descarta un tercer juicio, en este caso por la denegación de nuevas ayudas sociales por una controversia en cuanto a los plazos para solicitarlas.

«Las ayudas sociales no pueden depender del criterio subjetivo de una trabajadora. Me sentenciaron y me dejaron sin nada. El alcalde no debería presumir de destinar fondos mientras se le niegan a quienes más lo necesitan», lamenta. Reclama una prestación de subsistencia automática para casos de incapacidad sobrevenida, como el suyo, que no dependa de «valoraciones arbitrarias». «Hay días que no tengo fuerzas. Entre el dolor, los bajones y la depresión, esto es una lucha continua», confiesa. A pesar de que ha intentado en cuatro ocasiones conseguir la incapacidad permanente por sus lesiones, la Seguridad Social no se la da, por lo que le espera un nuevo juicio. «Si no fuera por mi amiga, que es como una hermana, no sé qué habría sido de nosotros. No puedes depender de las instituciones. Eso no es justo», concluye.

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