El alcalde critica a la UE por imponer un modelo «discriminatorio» . Lo vecinos tendrán 30 días para presentar alegaciones.
04 sep 2025 . Actualizado a las 13:29 h.El Concello de Vigo dará mañana el primer paso para implantar las zonas de bajas emisiones (ZBE) en la ciudad, un requisito obligatorio impuesto por la Unión Europea para todas las urbes de más de 50.000 habitantes. Tal como ha avanzado el alcalde, Abel Caballero, en una grabación, la Junta de Gobierno Local aprobará inicialmente el proyecto, que entrará en fase de exposición pública durante 30 días para permitir alegaciones ciudadanas. Paralelamente se abrirá también el periodo de audiencia pública de la ordenanza municipal que regulará su aplicación.
«Una cosa es el proyecto y otra es la ordenanza», aclaró Caballero. Mientras el primero define los ámbitos afectados y la infraestructura, la ordenanza establecerá los criterios de acceso, las excepciones, el reconocimiento de residentes, los derechos de las personas con movilidad reducida y las condiciones para los aparcamientos. El regidor subrayó que el Concello no contempla las sanciones como vía preferente para hacer cumplir las normas: «Creemos que tiene que haber consenso social y no un régimen coercitivo», recalcó.
Las zonas de bajas emisiones ocuparán en Vigo un total de 67 hectáreas, divididas en cuatro ámbitos. El más extenso, con 400.000 metros cuadrados, se sitúa en el centro de la ciudad e incluye calles como Cánovas del Castillo, Plaza de Compostela, Colón, Urzáiz, Ronda de Don Bosco, Paseo de Granada, Cachamuíña, Pi y Margall, Llorente, Santa Marta, Gaiteiro Portela y San Francisco. Los otros tres sectores están en Plaza de Portugal, Bouzas (entorno de Eduardo Cabello, Simancas y Camilo Veiga) y Calvario.
Caballero insistió en que el despliegue se hará con «sentido común» y evitando «restricciones desproporcionadas». Según dijo, la actividad en los barrios deberá mantenerse con normalidad y compatibilizarse con los usos sanitarios, comerciales y residenciales: «Tiene que seguir funcionando todo lo que ya está funcionando: centros de salud, negocios, vecinos… y eso es lo que va a regular la ordenanza».
El coste del proyecto asciende a 5,4 millones de euros, de los cuales «Europa aporta prácticamente la totalidad», según indicó el regidor. No obstante, Caballero mostró su desacuerdo con la filosofía impuesta por Bruselas: «No comparto que vehículos sin emisiones puedan entrar y los que emiten no puedan hacerlo, porque eso es discriminación social. No todo el mundo puede comprarse un coche con etiqueta verde de golpe».
El alcalde opinó que la transición debería haberse diseñado con un enfoque de «homogeneización social», ya que «los de renta alta pueden acceder y los de renta baja no», y se mostró crítico con el modo en que se ha impuesto el sistema desde las instituciones europeas: «No comparto el criterio ni la forma en la que se tomó la decisión. En todo caso, lo aplicaremos con sentido común».