Todos los barcos que fondeaban en la ría debían pagar una serie de impuestos que, no siempre, eran fáciles de cobrar
30 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Pedro Antonio Vázquez y Araújo era el responsable de cobrar los impuesto municipales de la villa de Vigo en 1798. Él pagaba todos los años una cantidad al Concello para tener el derecho de cobrar un porcentaje de esos impuestos. En el caso de las mercancías que entraban en la villa, a través de la alcábala, Vázquez y Araújo recibía medio real por cada quintal que se pesaba, aunque a veces le resultaba complicado conseguir el dinero. Así ocurrió en agosto de 1798, cuando tuvo que enfrentarse con un francés moroso, que además se dedicaba al corso. Se llamaba Juan Larrode y acumuló por aquel impuesto una deuda de 4.597 reales correspondientes a una carga de azúcar.
El arrendatario de los impuestos reclamó a la corporación al sentirse perjudicado. En un escrito, que se conserva en el Archivo Municipal de Vigo, señalaba que o bien se le apremiaba desde el gobierno de la villa al francés la deuda o, en caso contrario, solicitaría que se le descontase la cantidad que anualmente debía entregar al Concello de Vigo por el cobro de esos impuestos.
El juez de la localidad, Manuel Morales, firmó un auto el 13 de agosto por el que marcaba un plazo de seis días a Juan Larrode para que pagase su deuda. En el caso de que no lo hiciese, el juez ordenaba que se le embargasen sus efectos hasta satisfacer la cantidad adeuda.
Larga lista
Y cobró, pero volvió a reclamar el impago de otro francés, que había pesado una gran cantidad de lino en la alcabala viguesa sin pagar el impuesto correspondiente. Y también cobró gracias a la intervención del juez.
Unos meses antes, Pedro Antonio Vázquez y Araújo había enviado un listado a la máxima autoridad de Vigo con los nombres y las cantidades de los comerciantes que mantenían deudas por el impuesto de pesaje. Todos eran comerciantes de Cádiz, que estaban representados por agentes vigueses. Eran mercancías que entraron en Vigo por su puerto.
La nómina de morosos estaba conformada por Ángel Rodríguez de Aballe, en representación de los comerciantes Antonio Saavedra y Joseph de Leys. Entre los dos sumaban una deuda de 260 reales. Manuel Pastor, agente de Lorenzo Victoria (de Cádiz), Francisco Rodríguez, Juan Momphi (Cádiz), Pedro Josef Martínez, y Gaspar Ximénez (de Cádiz) debía más de 600 reales. Francisco Manuel Menéndez, en nombre de Rafael de Monís (Cádiz) aún no había pagado 225 reales. Completaba la lista Bernardo Luis Martínez, de Vigo, que debía cinco mil reales por una descarga de carbón procedente del bergantín danés María Ysabel, apresado en una acción corsaria. Estas deudas se correspondían al año anterior.
Se da la circunstancia de que algunos de estos agentes eran miembros de la corporación viguesa. El propio concesionario de la cobranza les llama «padres de la república», aludiendo a sus cargos públicos. Al día siguiente, la corporación dispuso que estos morosos pagasen a la mayor brevedad. Curiosamente, este escrito también está firmado por algunos de los morosos, que eran regidores y consignatarios al mismo tiempo.
No era el único impuesto que se cobraba a los usuarios del puerto. El más curiosos de todos era el que gestionaba la Inquisición, en Vigo a través de la figura del familiar. Esta institución actuaba como filtro de entrada de las ideas potencialmente peligrosas para los intereses de la monarquía y de la Iglesia española. Cada una de las visitas de control que realizaba el familiar a los barcos que llegaban al puerto tenía un gravamen sobre la propia embarcación. Este impuesto oscilaba entre los 30 reales, que se cobraba a los barcos más grandes, y los dos reales a las embarcaciones más pequeñas.
A parte de este impuesto había otros tres. Cuando un navío fondeaba en la ría tenía que pagar una cantidad que oscilaba entre los 40 y los 2 reales, dependiendo de su tonelaje. Otro impuesto obligatorio, de 48 a 4 reales, era el correspondiente a la visita de la junta de sanidad. Además, todo barco estaba obligado a pagarle una cantidad de 4 reales al capitán del puerto, salvo las fragatas que tenían que abonar 6 reales.