Reforma un edificio del centro de Vigo sin licencia y que fue precintado al menos tres veces
VIGO
El Concello lleva a la Fiscalía un posible delito de desobediencia por parte de la propiedad del inmueble de la calle Elduayen
12 ago 2026 . Actualizado a las 00:50 h.Una profunda reforma ejecutada sin licencia en un edificio protegido del número 37 de la calle Elduayen ha desembocado en un prolongado conflicto entre la propiedad y el Concello de Vigo. Los trabajos siguieron adelante pese a los sucesivos precintos ordenados por Urbanismo, que fueron encontrados arrancados en varias inspecciones. Ahora el Concello desestima el recurso de la empresa propietaria y mantiene la obligación de restituir la legalidad urbanística.
El inmueble, propiedad de Aviaroca, S.L., está catalogado con nivel de protección ambiental dentro del PEPRI del Casco Vello. Los técnicos municipales consideran que las actuaciones fueron mucho más allá de unas obras de conservación. Describen una reestructuración general que incluyó el derribo de una entreplanta, redistribución interior, instalación de un ascensor, creación de nuevas viviendas, modificaciones en la cubierta y construcción de terrazas.
La propiedad sostuvo que los trabajos estaban amparados por una orden de ejecución dictada por el Concello en el 2014 para garantizar la seguridad del edificio. Urbanismo rechaza ese argumento: aquella resolución permitía acometer determinadas actuaciones, pero no una rehabilitación de semejante alcance. Además, una orden de ejecución no exime de obtener licencia cuando las obras la requieren.
La Gerencia de Urbanismo declaró en febrero del 2025 que las obras se habían realizado sin el correspondiente título urbanístico ni la autorización necesaria de Patrimonio Cultural. También concluyó que no eran íntegramente legalizables tal como habían sido ejecutadas y ordenó restituir la legalidad.
Uno de los episodios más llamativos fue el de los precintos. El 17 de marzo un inspector comprobó que habían sido arrancados los colocados en los accesos de Elduayen y Ferrería. La Policía Local volvió a cerrar el inmueble, pero a finales de abril apareció nuevamente retirado uno de ellos y el 6 de mayo otra inspección constató que habían desaparecido otra vez ambos. Desde el exterior se observaron además una ventana abierta y luces encendidas. Urbanismo ordenó entonces un nuevo precinto y la suspensión de los suministros y advirtió de que quebrantar el cierre podía constituir un delito de desobediencia.
Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía. Más tarde, la Policía Local volvió a constatar la ausencia de precintos y la presencia de personas en el interior.
Recurso
La propiedad recurrió las decisiones municipales y el conflicto llegó a los tribunales. Una sentencia recogida en el expediente, confirmada en apelación por e TSXG, declaró conforme a derecho la orden de precinto y suspensión de suministros dictada en mayo del 2025. Urbanismo desestima ahora íntegramente el recurso de reposición de Aviaroca y mantiene la obligación de restituir la legalidad. Si no cumple, el Concello podrá recurrir a la ejecución subsidiaria o imponer multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros. La empresa presentó en noviembre del 2025 una solicitud de licencia municipal para intentar regularizar la intervención.