Su demolición está pendiente desde una sentencia de hace veinte años
03 sep 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Baiona ha contratado el proyecto de derribo para cumplir una sentencia que pesa contra un edificio de viviendas de Sabarís desde el 2005. Ese año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la licencia de obra decretada por el entonces alcalde Benigno Rodríguez y el estudio de detalle aprobado en el pleno. Las sucesivas batallas judiciales parecen tocar a su fin agotándose todos los recursos. Según avanzó el actual regidor, Jesús Vázquez Almuiña (PP), los técnicos municipales están revisando el proyecto de demolición que ya tienen sobre la mesa. «El documento está pendiente de su informe técnico y, si es favorable, antes de fin de año se licitará el concurso para acometer el derribo cumpliendo la orden judicial», confirmó.
Su antecesor, el socialista Carlos Gómez, lanzó un primer concurso público en marzo del 2022 para derribar el edificio, ubicado en el número 31 de la avenida Julián Valverde, pero no se presentó ninguna empresa. Por ello, al haber quedado desierto y ante la fiscalización judicial, que requiere la ejecución de una sentencia que fue ratificada por el Supremo en el 2010, el Concello licitó de nuevo el proceso. El importe del concurso se mantiene en 54.082 euros. La compañía a la que se le adjudique la licitación asumirá también la dirección de unos trabajos que no deberían prolongarse más allá de tres meses tras la firma del acuerdo. Según consta en el procedimiento, se presentaron dos empresas al lote 1, que es el de redacción del proyecto, y tres al 2, que es el de la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.
Mientras se dirime la batalla judicial, los afectados intentan que se apruebe un nuevo estudio de detalle que permita adaptar el edificio, de 19 viviendas y 5 bajos, a la normativa. A los compradores de las viviendas y locales del edificio declarado ilegal no se les informó debidamente de la situación en su día, a pesar de que el recurrente solicitó entonces del TSXG que se inscribiera la existencia del proceso judicial en los libros de registro de la propiedad, que se llevó a cabo en el 2002. Por ello, reclaman una indemnización millonaria al Concello. «Habrá que indemnizar a los que compraron antes de que se pusiera la nota registral», puntualizó el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña.
La ilegalidad radica en que la vivienda contigua forma parte del conjunto histórico artístico de la real villa y al levantar el inmueble no se respetó el área de protección de la que goza todo bien de interés cultural. Además, las obras que se llevaron a cabo rebasaron la edificabilidad permitida por el planeamiento urbanístico dentro del área.
La licencia data del año 2001 y fue concedida de manera casi clandestina por el antiguo alcalde, Benigno Rodríguez Quintas. La aprobación del estudio de detalle y la concesión de la licencia no se llevaron a cabo sin la publicidad requerida para este tipo de acuerdos. El gobierno tardó meses en publicar las autorizaciones, cuando ya había caducado el período de presentación de alegaciones. Los vecinos de la vivienda contigua denunciaron al Concello y a la promotora del edificio y colocaron un cartel en la fachada de su propiedad informando a los posibles compradores de los problemas del edificio.
La Justicia les dio la razón. El TSXG falló en el año 2005 anulando la licencia y el estudio de detalle. El Supremo la ratificó después, en el 2010.