El Concello de O Porriño se persona como acusación en el caso de la retirada de multas
O PORRIÑO
La alcaldesa argumental que afecta directamente a la administración local
02 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Ayuntamiento de O Porriño se ha personado como acusación particular en la investigación por prevaricación y falsificación documental que realiza el juzgado de instrucción número 2 de O Porriño en relación con la retirada de multas de tráfico durante el anterior mandato. La alcaldesa, Eva García de la Torre, manifestó que la decisión de tomar parte en este asunto se debe a que se trata de un asunto que afecta directamente al Concello por cuanto uno de los imputados es el anterior jefe de la Policía Local. El exalcalde, Nelson Santos, también se encuentra imputado por estos hechos. Ambos deberán declarar próximamente en los juzgados acompañados por abogados para dar su versión sobre los hechos investigados.
«Las noticias que tenemos son de la suficiente importancia y gravedad como para que la administración tome conocimiento de las investigaciones», manifestó la alcaldesa.
El gobierno municipal estudia tomar medidas contra el antiguo responsable policial, que podrían suponer su retirada del servicio mientras esté vivo el procedimiento judicial. El motivo es que cualquier funcionario público que tenga una causa abierta tiene el deber de comunicárselo a sus superiores. En el Concello no hay constancia de que se haya producido esa comunicación.
Sospechas iniciales
El caso de las multas ya sonaba a los investigadores que llevaron a cabo la conocida como Operación Multiusos durante el anterior mandato municipal. Las escuchas telefónicas que se llevaron a cabo permitieron sospechar la posible existencia de una práctica ilegal consistente en la retirada de multas mediante la falsificación de alegaciones a nombre de ciudadanos portugueses con domicilios ficticios. Uno de estos ciudadanos lusos a los que se habría fotografiado su documentación en un control rutinario de la Policía Local presentó una denuncia al tener conocimiento de que se habían utilizado sus datos para que un vecino se librara del pago de una sanción.
El juzgado investiga además la grabación de una conversación en la que supuestamente un intermediario habría tratado de extorsionar al ciudadano portugués para que no presentara ninguna denuncia a cambio del pago de 10.000 euros. El hombre rechazó la proposición y aportó como prueba dicha grabación realizada con un micrófono oculto.
El exjefe de la Policía Local negó en su momento haber cometido ninguna irregularidad y dijo que podrían ser fruto de algún error administrativo. Afirmó que no existen pruebas para acusarle de ningún delito y que es un montaje.