Un informe aconseja revisar multas en O Porriño por la sospecha de amaños

alejandro martínez O PORRIÑO / LA VOZ

O PORRIÑO

Nelson Santos es uno de los investigados junto con el exjefe policial y un trabajador de Couceiro.
Nelson Santos es uno de los investigados junto con el exjefe policial y un trabajador de Couceiro. moralejo< / span>

El letrado del Concello cree que se benefició a vecinos evitándoles sanciones

29 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Un informe jurídico elaborado por la representación procesal del Concello de O Porriño en el caso de la supuesta trama de retirada de multas de tráfico aconseja al gobierno municipal que revise los procedimientos sancionadores impuestos durante los últimos años por si hubiera más irregularidades de las que ya se han detectado.

El letrado recomienda especialmente hacer una auditoría de aquellas sanciones en las que aparecen identificados conductores portugueses. La propuesta tiene el objetivo de averiguar si se produjeron otras posibles irregularidades al margen de las que ya son materia de investigación judicial y por las que han tenido que prestar declaración en los juzgados el ex-alcalde porriñés, Nelson Santos, el exjefe de la Policía Local y un trabajador de la empresa Couceiro.

El informe elaborado tras la personación del consistorio en el caso se centra en el antiguo jefe de la Policía Local porque su participación en la supuesta trama es la que más afecta al Ayuntamiento al tratarse de un funcionario municipal que se encuentra en activo. El abogado describe el caso como «la posible apropiación indebida de datos personales de conductores que, sin motivo alguno fueron detenidos en ejercicio de controles de tráfico». El objetivo era utilizar esos datos para identificar a conductores en procedimientos sancionadores y que las multas nunca llegasen a los verdaderos infractores.

Entre las cuestiones más graves señaladas en el informe jurídico, se encuentra el haber dado el alto y requerido la documentación a dos conductores el 17 de enero de 2014 en dos controles rutinarios. El letrado no oculta su sorpresa de que, ese mismo día y a la misma hora, se presentasen por registro en el Concello sendos escritos de identificación de conductor con los datos de los dos transportistas que habían sido retenidos horas antes. También detecta la ausencia no justificada de una denuncia contra un conductor que fue cazado a 70 kilómetros por hora en un tramo de 50 sin que conste su tramitación en las dependencias municipales.

«Se desconoce en qué otros procedimientos sancionadores se ha podido actuar mediante dicho procedimiento, debiendo el Concello hacer un rastreo de aquellos procedimientos sancionadores en los cuales se ha identificado a un conductor portugués, con especial atención a si los datos de dichos ciudadanos fueron utilizados para ser identificados en otros procedimientos sancionadores como conductores», señala el informe.

El defensor concluye que vecinos del municipio pudieron haber sido beneficiados, bien a través de la ausencia de denuncia en su contra o por medio de la falsificación documental y aportación de datos falsos, evitando de esta forma que los infractores no recibiera ninguna notificación, trasladándose la responsabilidad a un tercero. El caso se encuentra actualmente en instrucción y ya han prestado declaración tanto testigos como investigados.

Denuncias firmadas antes de cometer la infracción y uso ilegal del radar

Una vez analizado el sumario, el abogado del Concello señala una serie de irregularidades administrativas en la tramitación de las multas durante el anterior mandato. Destaca por ejemplo, la existencia de boletines de denuncia que eran previamente firmados por el jefe de la Policía Local para que un agente auxiliar los entregara a los titulares de vehículos por exceso de velocidad. «Esto podría haber implicado la nulidad de procedimientos sancionadores por incumplimiento de la normativa», señala el informe. Por otra parte, personal no habilitado para operar con el radar se encargaba de estas funciones al no haber agentes disponibles con licencia en todos los turnos. Según el jurídico, «estos hechos pueden ser como mínimo considerados de ilícito administrativo».