El Congreso rechaza liberar la AP-9 entre Vigo y O Porriño en vez de construir la nueva autovía

El Congreso rechazó hoy reclamar al Gobierno central la liberalización de peajes en la autopista AP-9 entre Vigo y O Porriño en lugar de construir en el mismo eje una nueva autovía entre los dos municipios, cuyo trazado está previsto discurra en su mayor parte en un túnel de cuatro kilómetros y a través de un gran viaducto. Los votos en contra del PSOE y la abstención del PP impidió que prosperase la proposición no de ley presentada por el BNG en la comisión de Transportes del Congreso, en la que el nacionalista Néstor Rego destacó el ahorro en inversión que supondría evitar la prolongación de la autovía A-52, así como el menor impacto que sobre el territorio de Vigo, Mos y O Porriño augura tendrá la construcción de la nueva infraestructura. «Hai alternativas mellores, máis fáciles, máis rápidas e máis baratas para resolver esa mobilidade diaria», mantuvo Rego en la exposición de su propuesta, que obtendría siete votos, frente a los quince en contra liderados por el PSOE y otras quince abstenciones encabezadas por los diputados del PP.

El PSOE mostró su oposición a que se descarte la construcción de la autovía por criterios de «desarrollo económico y bienestar de miles de ciudadanos», como aseguró su diputado y alcalde de A Cañiza, Luis Piña. El socialista coincidió en calificar de «grave» la situación de la A-55, autovía cuyo primer tramo sirve para enlazar en O Porriño con la autovía que empata en Benavente con la A-6, y que durante años ha figurado en cabeza en el ránking de viales más peligrosos y de mayor siniestralidad de España con más de 4.000 accidentes y 19 víctimas mortales en los últimos 19 años, situación que se ha moderado tras sembrarse de radares sus curvas y limitarse la velocidad en los puntos más peligrosos a 60 y 80 kilómetros por hora para controlar a los 63.000 vehículos que de media la utilizan a diario. 

Piña advirtió que la siniestralidad en los apenas quince kilómetros de la autovía supera en número a las de las provincias de Ourense y Lugo, por lo que abogó por ejecutar la construcción de la prolongación hasta Vigo de la A-52 de manera inmediata, tras haberse sometido el proyecto a información pública y recabar una fuerte oposición vecinal, pero también el apoyo oficial del Ayuntamiento de Vigo y de su alcalde, Abel Caballero. El diputado socialista tachó de «sinsentido» tratar de cambiar la creación de la nueva autovía por la liberalización de un tramo de la AP-9, pues afirmó que conllevaría tener que dar un rodeo de 20 kilómetros a los automovilistas que quisiesen empatar en O Porriño con la autovía de conexión con Ourense y la Meseta. «Eso no mejorará la seguridad vial», dijo, mientras criticó al PP por haber llegado a proponer, incluso a través de Alberto Núñez Feijoo, que no se construya la A-52 y se canalice el tráfico por la AP-9 de manera gratuita, como hoy defendió el Bloque en la Cámara Baja. El diputado socialista cifró en 390 millones de euros el coste de la infraestructura proyectada, que dijo «no destruye sino que crea», para responder a la oposición vecinal, cuyas alegaciones aseguró serán estudiadas una a una. «El PP infunden miedo con argumentos infundados», concluyó Piña aludiendo a las afecciones que pueden causar las obras y el trazado.

La diputada viguesa del PP Irene Garrido puso de manifiesto que el Gobierno y en especial el alcalde de Vigo han dado por «cerrado y absolutamente e irreversiblemente en marcha» el trazado elegido para ubicar la nueva autovía. La popular advierte que la parroquia viguesa de Bembrive «resulta seriamente afectada por este trazado», como Mos y O Porriño también sufrirían afecciones notables. «No hay duda de la necesidad de mejorar la seguridad vial entre Vigo y O Porriño, pero desde el grupo popular consideramos que la alternativa propuesta por el ministerio presenta un impacto territorial y social demasiado elevado», dijo Garrido, que acusó a Transportes de alterar el territorio con su proyecto y solo atender el criterio del gobierno municipal vigués. «La propuesta actual se llevaría por delante cincuenta viviendas y afectaría a más de cuatrocientas», concretó Garrido para exigir un nuevo trazado y también el traspaso de la AP-9 a la Xunta y la liberalización de la autopista entre Vigo y O Porriño. 

La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, se mostró en contra de la ampliación de la A-52, por el rechazo social que ha generado, el impacto territorial que generaría en Bembrive, dijo, abogando por la mejora de la actual autovía, la liberalización de la AP-9 y la potenciación de un transporte público efectivo, aspecto este por el que apeló directamente a Abel Caballero. 

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