La plataforma de afectados por comunidades de montes dice que la amenaza de pleitos contra las empresas sigue vigente
SALVATERRA DE MIÑO
La entidad señala que la sentencia del Tribunal Superior respecto a Salvaterra no puede ser interpretada con triunfalismo
09 abr 2024 . Actualizado a las 22:17 h.La plataforma gallega de afectados por las comunidades de montes se muestra cauta tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que declara municipal un terreno del polígono industrial de Chan da Ponte, en Salvaterra del Miño. La entidad dice que mantiene el criterio de anteriores resoluciones y no minimiza la amenaza de las demandas de las comunidades de montes para hacerse con la titularidad de parcelas de empresas y particulares.
La Plataforma Galega de Afectados por Comunidades de Montes entiende que no está para nada justificado el optimismo transmitido por la alcaldesa marta Valcárcel tras el fallo del TSXG, pues «aunque la sentencia es positiva, no invalida en absoluto el axioma que sustenta la mayoría de estos procesos, es decir, que la propiedad del monte es de los comuneros desde tiempo inmemorial» y que esta quedó plasmada en levantamientos administrativos de la última década del siglo XIX.
En la nueva resolución, el tribunal entiende que no existe prueba suficiente que demuestre que la parcela del Ayuntamiento, de algo más de 9.000 metros cuadrados, está dentro de los límites del monte, pues en realidad no hay una delimitación exacta y concreta. En consecuencia tampoco queda constatado el aprovechamiento inmemorial de la parcela, extremo indispensable para tener la consideración de monte comunal.
La viguesa Beatriz Ucha, presidenta de la plataforma, defiende que la posición de la alcaldesa, «aunque comprensible por ser la parte finalmente ganadora del litigio, puede generar muy falsas expectativas en el conflicto, pues en realidad no cambia la amenaza sobre cualquiera terreno que los comuneros sí sean capaces de situar dentro del monte segundo sus planos o fotocopias de más de un siglo para atrás».
La plataforma sostiene que solo un cambio legislativo, comprometido hace tiempo por el gobierno gallego, pode otorgar seguridad jurídica a las empresas y particulares que por buena parte de la geografía gallega están viéndose inmersas en litigios de este tipo con las comunidades de montes.