Exige que se conviertan realmente en edificios turísticos y funcionen como tales
16 ene 2017 . Actualizado a las 11:19 h.El plan municipal para legalizar definitivamente los cinco apartoteles de Samil ha naufragado en el Tribunal Supremo. La sentencia dictada el 16 de diciembre deja en el aire el proceso y considera insuficiente la concesión de licencia municipal para apartoteles. El alto tribunal exige que haya licencia de puesta en funcionamiento como instalaciones turísticas, lo que exige la previa certificación de su conversión en instalación hotelera.
En el fallo se señala que «la pervivencia del régimen de propiedad horizontal es incompatible con la asunción por la actora de una efectiva explotación unitaria del inmueble» en forma de apartotel, cuestión que es la clave de este pleito.
Concluye de esta forma la última etapa de conflicto jurídico-urbanístico iniciada en octubre del 2010, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenó el derribo de los edificios dada su situación de ilegalidad. El motivo es que con licencia para construir apartoteles en realidad se levantaron edificios residenciales en la década de los 90, con un total de 180 viviendas.
Tras amagar con llevar a cabo la demolición, el primer gobierno de Abel Caballero (con José Mariño como concejal de Urbanismo) inició una difícil negociación con los propietarios de las viviendas para convencerles de que o se transformaban en apartoteles o el Concello tendría forzosamente que derribar los edificios. De hecho, forzado por el TSXG, el gobierno local solicitó que se cortara el suministro de agua y luz a los edificios y fijo el mes de febrero del 2011 como fecha para la demolición. No obstante, semanas antes un auto del TSXG lo paralizó hasta que se resolviera un recurso en contra.
Este hecho dio tiempo al Concello a intervenir y, además, los vecinos estaban en ese momento ya muy alarmados por el riesgo cierto de que el derribo fuera en serio. Ante ello, aceptaron su transformación en apartoteles, lo que implicaba la cesión de la titularidad de sus pisos a una sociedad hotelera. Teóricamente se buscaba ponerlos en uso, aunque en la práctica nadie pensó en abandonar sus pisos.
Los técnicos del Concello y los abogados de los propietarios (uno representando a los titulares de viviendas y otro a la constructora, ya que unas 60 no se habían vendido) diseñaron plan para su transformación en apartoteles, que tardó tiempo en materializarse.
Tras dos años de tensiones, la Xunta facilitó la entrega de licencia municipal en septiembre del 2012, mediante un informe que desbloqueaba su concesión. El permiso del gobierno local que daba licencia para apartotel a estos cinco inmuebles llegó en diciembre de ese año, lo que se consideró en ese momento como el final del camino.
Pero no fue así. El Concello solicitó entonces al TSXG que declarara ejecutada la sentencia de derribo ya que habían sido legalizados, pero los jueces la rechazaron en julio del 2014 y ahora lo ratifica el Supremo. Por tanto, los edificios tienen licencia pero la Justicia no da por cumplida la sentencia.
Un pleito de más de 20 años y 180 afectados basado en el incumplimiento del PXOM de 1993
En 1995, unos particulares pidieron al Concello que no concediera licencia de primera ocupación a los apartoteles de Samil. Aducían que la supuesta instalación hotelera ocultaba en realidad edificios residenciales al uso, lo que posteriormente se ha confirmado. Empezaba así un largo proceso que la decisión del Supremo vuelve a colocar casi en el punto de salida. Y además lo hace cuando está en vigor el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1993, precisamente el que prohibía el uso residencial en esta parcela frente a Samil.
Obviamente, la administración municipal no comprobó que los apartoteles eran tales apartoteles, lo que permitió que más de un centenar de familias adquiriera lo que consideraba un piso normal y corriente. Sin embargo, llegado el momento del cuasi derribo en el 2010, el concejal socialista de Urbanismo, José Mariño, atribuyó responsabilidad a muchos de los propietarios asegurando que «compraron [los pisos] cuando la sentencia era firme, con lo cual ya conocían su situación irregular». No era un tema menor, pues de haberse derribado sus opciones de conseguir una indemnización del Concello hubiera sido escasas.
Con el fallo del Supremo estas familias deben decidir los pasos a dar, pues si los apartoteles no ejercen esta función tienen difícil lograr su legalización. Y estas familias compraron un piso y han tratado estos años de seguir viviendo en ellos.