Logra 1,7 millones de viajeros en el 2016, pero la reunión de ayer no dio fruto
18 ene 2017 . Actualizado a las 13:23 h.1.726.661 usuarios en el año 2016 y 42.793 tarjetas repartidas. Los datos del transporte metropolitano confirman una rápida implantación y un uso generalizado. Sin embargo, el éxito del sistema no ha logrado que desaparezcan los obstáculos políticos que hacen que el Concello vigués no se integre en el sistema. La reunión celebrada ayer por la conselleira de Infraestruturas y los alcaldes, con la llamativa ausencia de Abel Caballero, confirmó los augurios más pesimistas. Ni hay acuerdo ni se le espera.
El obstáculo sigue siendo el mismo y los argumentos que exhiben ambos contendientes (Xunta y PP de un lado, y Caballero y los alcaldes de izquierda por otro) tampoco varían. El Concello de Vigo acepta entrar pero no quiere que la factura se dispare, por lo que limita el uso del Vitrasa a los vecinos del área solo a desplazamientos interurbanos. Por el contrario, la Xunta y los alcaldes populares exigen que sea libre al precio del bonobús reducido que ahora disfrutan los vigueses (0,87 euros/viaje).
«No queremos que haya ciudadanos de primera y de segunda dentro del área», clama Ethel Vázquez, titular de Infraestruturas. Caballero le responde que «Feijoo quiere que pague Vigo todo y la Xunta nada». Este pulso tiene repercusión económica, ya que la subvención a los viajes en cuestión correría a cargo de las arcas municipales. No obstante, la Xunta recalca que esa es la esencia del transporte metropolitano y lo que Vigo firmó al suscribir el convenio en julio del año pasado.
La reunión de ayer se había concebido como un último intento de desbloquear el transporte metropolitano, pero no sirvió para nada. Los concellos enviaron a sus alcaldes y la Xunta desplazó a la conselleira y a la directora xeral de Mobilidade. El gobierno vigués defendió su posición con un teniente de alcalde (David Regades), dos concejales más y varios técnicos, pero sin Caballero el fracaso estaba cantado.
En la reunión, Vázquez confirmó que la cifra de viajeros con tarjeta metropolitana no para de crecer y en paralelo desciende la de los que pagan en metálico la tarifa sin rebaja. La media mensual en 2016 fue de 143.888, claramente superior a los 126.507 del 2015, (un 13,7 % más), cuando se puso en marcha. El año pasado los viajes con la tarjeta fueron el 64,4 %, cuando el año anterior se quedaron en el 55 %.
Lo mismo ocurre con las tarjetas emitidas, el verdadero termómetro de la salud del plan diseñado por Xunta y concellos y que funciona sin tensiones en las áreas de A Coruña, Ferrol, Santiago y Lugo desde hace años. Rozan ya las 43.000, casi un 50 % más que hace un año, lo que supone más del 10 % de la población adulta de los municipios implicados. Cangas, y en menor medida Moaña, son los más implicados debido al elevado uso del transporte de ría.
Moaña, Cangas y Salceda quieren un pacto de mínimos «naquilo que esteamos dacordo»
Los alcaldes de Cangas (Xosé Manuel Pazos, Alternativa Canguesa de Esquerda); Moaña (Leticia Santos, BNG), y Marcos Besada (Movemento Salceda), contemplan desde la barrera el choque de Caballero y la Xunta, pero se han colocado del lado del primero formando parte del gobierno metropolitano. Ayer, Santos trasladó a los periodistas la petición de Pazos, el alcalde del municipio con más tarjetas por habitante (una por cada 2,6 vecinos), y por tanto con más presión para que Vigo entre en el transporte metropolitano.
La regidora moañesa informó de la demanda de que se «aparque o debate político e que se aplique naquilo no que esteamos dacordo; que empece xa para que os nosos veciños poidan beneficiarse».
En otras palabras, que si Vigo permite transbordos en viajes metropolitanos y la Xunta reclama uso libre de Vitrasa a precio reducido, que se aplique de entrada la primera opción y se siga negociando, o pleiteando, pero no que se bloquee todo el sistema. La opción no es válida para la Xunta ya que dinamitaría un sistema general para Galicia, y tampoco para los alcaldes del PP, que calificaron la propuesta de «miserias que están dispostos a asumir», en palabras de Arévalo, que critica el respaldo que ofrecen a Caballero, quien sin su ayuda estaría en una posición más incómoda.
Alcaldes del PP: «Así no entraremos en el Área»
Transporte metropolitano y Área metropolitana funcionan como vasos comunicantes. Si Vigo no se integra en el transporte el sistema no será completo y obligará a los usuarios a pagar más de lo previsto. Por ello, los alcaldes del PP han puesto como condición para participar en el Área la entrada de Vigo en el transporte.
«¿De qué Área estamos hablando?», se preguntaba ayer Nidia Arévalo, regidora de Mos y portavoz del grupo de seis alcaldes populares. «¿De qué vamos a hablar? ¿Del agua? ¿De urbanismo? si no somos capaces de hablar del transporte, que fue el motivo que nos trajo aquí. Por ello, si no estamos todos en el transporte metropolitano Mos se va del Área, no nos interesa», afirmó mientras a su lado asentían otros alcaldes del PP.
Al margen de que los 14 municipios que constituyeron el Área se queden en solo 8 sin los populares, parece fuera de duda que el fiasco del transporte compromete la puesta en marcha del ente metropolitano. Salvo un cambio de posición poco probable, a lo largo de la semana la Xunta recurrirá la constitución del Área alegando que, en contra de lo que figura en la ley, Vigo no se ha integrado de manera efectiva en el transporte conjunto.
Parálisis
En otras palabras, que la imprescindible colaboración de Xunta y concellos para consolidarla se va a transformar en una guerra abierta, en la que será imposible que el Gobierno gallego aporte financiación y competencias al ente que ya preside Caballero. Después, todo dependerá de si el recurso tiene éxito y, a corto plazo, de que pida medidas cautelares y de la decisión que adopte el juez al respecto.
De momento, Caballero y los otros 7 regidores implicados siguen adelante con su gobierno metropolitano, pero pocos son los pasos que pueden dar. Ni siquiera puede cumplir el alcalde vigués su compromiso de ampliarla con otros concellos, ya que la decisión tiene que ser ratificada por la Xunta, algo impensable en estas circunstancias.
Mientras Caballero se resiste a dar explicaciones claras de las razones de su negativa a incorporarse al transporte, la Marea de Vigo lo hizo ayer en su nombre. Explicó que la medida tendría unas consecuencias económicas muy relevante para las arcas viguesas, que abona a su concesionaria la diferencia entre el bonobús y el billete ordinario (46 céntimos por viaje). «Nas outras urbes as empresas cobran por kilómetro», lo que recorta la factura a sus ayuntamientos en un caso similar.
Lo que no entiende la Marea, es como Caballero «puido asinar ese convenio de interpretación tan arbítrea», que salvo un acuerdo puede terminar en los tribunales.
Tras el desacuerdo de ayer, la Xunta anunció otra reunión de la comisión de seguimiento que promete confirmar el bloqueo.