El BNG cifra el sobrecoste final en más de 10 millones de euros
24 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La secretaria general técnica de la Vicepresidencia Segunda de la Xunta de Galicia, Elena Muñoz, ha asegurado en el Parlamento de Galicia que el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia de Vigo en el edificio que antiguamente ocupaba el Hospital Xeral siguió una hoja de ruta «exitosa» y que nada en su ejecución se improvisó.
Muñoz se ha pronunciado en estos términos en su respuesta este jueves en comisión parlamentaria a la diputada nacionalista Carmen González, que le preguntó por los sobrecostes en la adaptación del complejo del antiguo hospital para convertirlo en las nuevas instalaciones judiciales.
«No sé por qué el BNG sigue dudando de la necesidad de estas modificaciones, porque el objetivo no era otro que garantizar la seguridad de los trabajadores; era algo que era previsible que ocurriera porque se trata de un edificio de la antigüedad que tenía el antiguo Hospital Xeral», ha dicho la representante de la Xunta.
Y ha indicado Muñoz que existen documentos e informes técnicos y jurídicos que avalan las modificaciones realizadas en el proyecto de construcción. «Se sabía que el primer estudio no era suficiente porque había que tener los datos del resultado de la demolición», ha manifestado.
«Desde el primer momento, tanto en el proyecto como en los pliegos de licitación de la obra principal, constaba que se iba a hacer un segundo peritaje una vez finalizados los trabajos de demolición», ha precisado la secretaria general técnica, y ha explicado que ha sido retirar «adicionalmente» 11.000 metros cuadrados de placas de fibrocemento que contenían amianto, «con el objetivo de lograr la seguridad y la salud de los usuarios».
«Improvisación ninguna, todo dentro de la hoja de ruta y de las máximas previsiones», ha subrayado Elena Muñoz, quien ha explicado que en un segundo estudio de peritaje se detectaron defectos constructivos que solo podían conocerse una vez producida la demolición.
Ha informado, además, de que el Consello Consultivo de Galicia emitió un informe «favorable» del proyecto modificado.
La diputada del BNG, por su parte, ha subrayado que «la joya de la corona de las infraestructuras judiciales de Galicia», como dijo que la había calificado el expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, «se quedó en bisutería». «Nació con parches y con parches va a continuar», ha espetado.
Para la parlamentaria, «parece evidente que este escandaloso incremento del coste de las obras -en más de 10 millones de euros- no es casual ni producto de una situación sobrevenida», y ha añadido que «si se encargaron estudios e informes, entre ellos el de la estructura y envolventes, parece obvio que en ellos tuvieron que advertirse las deficiencias que obligaron a una modificación sustancial del proyecto y a un incremento del coste de las obras de más del 30 %».
Carmen González ha planteado que, en este caso, «solo caben dos opciones: o los informes de Euroconsult, que tuvieron un coste de 105.000 euros, no advirtieron de estas deficiencias, o si lo hicieron no fueron tenidos en cuenta en la redacción del proyecto». «Cualquiera de las dos alternativas es muy grave y debe ser objeto de responsabilidades», ha considerado la diputada del BNG.
Por otra parte, en la comisión Institucional, de Administración General, Justicia e Interior resultó aprobada por unanimidad una proposición no de ley presentada por el grupo Popular para demandar a la Xunta mantener y fortalecer las medidas de apoyo al pueblo ucraniano, como es el caso del acuerdo de colaboración presentado el pasado mes de julio con la Asociación Galega de Axuda a Ucraína.
El BNG, por su parte, ha denunciado en el Parlamento sobrecostes por un importe de 10,6 millones de euros en la nueva Cidade da Xustiza, debido a desperfectos en la estructura original del edificio «que non foron advertidos polo Goberno do PP». La diputada viguesa Carmela González recriminó a la secretaria xeral técnica de la Vicepresidencia segunda, Elena Muñoz, todo el proceso que llevó a una Cidade da Xustiza con «numerosas deficiencias» en su proceso de demolición y rehabilitación. Una vez que ha empezado a usarse, recibe las críticas de usuarios y del personal funcionario que trabaja en este complejo. Señala que el proyecto inicial tuvo que ser modificado por lo que el Gobierno gallego calificó de contratiempos y que supusieron un sobre costo de más del 30 % del presupuesto inicial en cada una de las fases de demolición y construcción.
Detalló que esta demolición fue adjudicada el 15 de junio de 2017 y la contratación para la elaboración de los estudios e informes el 11 de julio, por lo que señaló que «foi adxudicada antes a demolición que o informe que indica como está o edificio».
En relación a los sobrecostes, González Iglesias denunció que hasta 10,6 millones de euros se tuvieron que pagar por encima de los costos iniciales como consecuencia de la aparición de amianto y el mal estado de las estructuras de los edificios anexos a la torre del antiguo hospital en la fase previa a la demolición, después de un informe encargado por la Xunta a la empresa Euroconsult, con un costo de 105.996 euros. Según la diputada nacionalista «deixa dúas posibilidades, ou ben que a empresa non advertira das deficiencias ou que sí o fixera e non foros tidos en conta na redacción do proxecto. Calquera das posibilidades é moi grave a Xunta ten que depurar responsabilidades», declaró. Critica falta de espacio para los funcionarios, salas de vistas pequeñas, problemas de calefacción y filtraciones de agua de la lluvia.