El Concello para el instrumento de ordenación provisional y culpa del retraso a la Xunta, que lo rechaza. La oposición habla de «autogolpe» del equipo de Caballero
06 abr 2023 . Actualizado a las 00:52 h.El urbanismo de Vigo seguirá estando regido por un instrumento provisional al decidir el gobierno municipal de Abel Caballero suspender la contabilización del plazo de vigencia de la normativa temporal y con ello retrasar la aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). De esta manera, como ya ocurriera con la tramitación del ordenamiento del 2003, no será hasta después de las elecciones municipales del 28 de mayo cuando se determinará el futuro del PXOM aprobado de manera inicial y sin cuya entrada en vigor el urbanismo de la mayor ciudad de Galicia sigue condicionado por la carencia de una norma global y sin despejarse el futuro de las propuestas que han cosechado el mayor rechazo social y político.
La suspensión fue firmada ayer martes por la concejala de Urbanismo, María José Caride, aunque dada a conocer hoy en la página web del Ayuntamiento. Dicha decisión ha motivado la reacción unánime y crítica de los tres partidos de la oposición, del movimiento vecinal de la ciudad y de la propia Xunta, que rechaza haber propiciado dicha paralización de los plazos de vigencia del instrumento provisional, como en cambio le achaca el gobierno socialista vigués.
Caride acordó la suspensión de dicho cómputo del tiempo de vigencia del Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) para evitar que decaiga, achacando a retrasos en la tramitación de informes por parte de la Xunta respecto al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) el motivo de parar ahora el cronómetro para no dejar a Vigo sin el instrumento urbanístico provisional. El plazo para la aprobación definitiva del Plan, visado inicialmente en el verano del 2021, es de 3 años y medio, aunque se ha visto ampliado en casi tres meses por la suspensión de procesos administrativos derivada de la pandemia del covid.
El Ayuntamiento vigués mantienen que la tramitación del documento urbanístico acumula nueve meses de retraso, debido a la tardanza en la emisión de informes por parte de la Xunta y la corrección de disposiciones no aceptadas por la Administración autonómica, lo que ahora habría llevado a los responsables de Urbanismo a suspender los plazos del instrumento provisional. En el nuevo acuerdo de la gerencia de Urbanismo se hace referencia a dos informes que llegaron al Ayuntamiento en febrero y diciembre del 2022, y que habían sido solicitados 5 meses y 3 meses y medio antes, respectivamente. La suspensión tiene fecha de hoy (un día después de haber enviado las últimas correcciones) hasta el día siguiente al de remisión por parte de la dirección xeral de Urbanismo de la Axencia Galega de Infraestruturas del informe instado para la revisión del PGOM.
Tras conocerse la decisión del gobierno de Abel Caballero, la Xunta informó de que no va a «obstaculizar» la prórroga del plazo de la ordenación provisional, pero achacó al gobierno local vigués la demora en la tramitación del Plan Xeral, según informa Europa Press. El Gobierno gallego incide en que el anterior Plan Xeral fue anulado por el Tribunal Supremo en el 2015 y que el instrumento de ordenación provisional fue aprobado en 2019, estando la figura provisional en vigor, ahora hasta el 13 de julio de 2023, que es cuando el Ayuntamiento de Vigo deberá tener aprobado el nuevo planeamiento.
La Xunta indica que ha elaborado 15 informes sobre el PXOM, de los que 13 fueron positivos y dos negativos, remitidos por última vez al Ayuntamiento en diciembre pasado. El primero de esos informes negativos es de Patrimonio Cultural (que informó desfavorablemente tres veces), que pide que se hagan prospecciones para conocer todos los bienes culturales de Vigo y evitar que el desarrollo urbanístico provoque daños. «La negativa del Ayuntamiento a realizar estos estudios impide disponer de una foto fija actualizada del patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico de la ciudad, que estamos obligados a respetar y proteger», han señalado fuentes de la Xunta.
El segundo informe desfavorable es de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI), que expone varias «carencias»: falta de un estudio de tráfico de viales autonómicos e imputación a la Xunta del coste de 85 millones de euros del vial de Beade y Bembrive (PO-010).
La Xunta constata que el Ayuntamiento de Vigo prefiere «sumar una demora más» a la tramitación del Plan, en lugar de «responder con agilidad» a los requisitos que necesita el documento. «La Xunta de Galicia siempre respondió en tiempo y forma al Ayuntamiento para que la ciudad disponga de un Plan cuanto antes, pero el gobierno local demoró en reiteradas ocasiones el cumplimiento de los requisitos».
Al igual que lo ha hecho la Xunta, toda la oposición ha reaccionado al unísono contra la decisión del Gobierno de Caballero. El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, recordó que «el PGOM tenía que estar aprobado antes de elecciones», para añadir que tras su aprobación inicial, el documento recibió «miles de alegaciones», entre ellas las de los vecinos contrarios al vial de Beade y Bembrive, que «el alcalde quiere incrustar» en esa zona rural «sin justificación». Según Marnotes, son precisamente cuestiones relacionadas con esa infraestructura las que el PGOM debe corregir y las que está usando el gobierno local para «dilatar la aprobación del Plan», para que sea después de los comicios de mayo.
Marea de Vigo lamentó por su parte que tanto el gobierno vigués como la Xunta están en una «lucha enfermiza», por intereses electorales, por controlar los tiempos del desarrollo y aprobación de la principal norma urbanística de la ciudad. «Que se manejaran los tiempos de modo oportunista coloca de nuevo al urbanismo de la ciudad en una permanente sospecha de improvisación e inconsistencia legal preocupante», advirtió el portavoz del grupo, Rubén Pérez, que urge a Xunta y Ayuntamiento a convocar una reunión «seria» para abordar las cuestiones del PXOM en las que hay discrepancias y pactar un calendario antes de las elecciones municipales para la tramitación del documento.
El concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, censuró que se haya decidido suspender el plazo de forma unilateral, sin conocimiento de la corporación, y ha calificado lo sucedido de «autogolpe burocrático á legalidade urbanística de Vigo». El candidato del Bloque acusa a Caballero de vulnerar la legalidad para retrasar la tramitación del PXOM, metiendo el planeamiento «debaixo dunha alfombra para evitar aprobalo antes das eleccións» e impedir que los vecinos voten sabiendo que no se atenderá «ninguna da suas alegacións».
La Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo (Favec) lamenta por su parte que «Concello dilate todavía más la aprobación del nuevo Plan Xeral, de vital importancia para el desarrollo urbanístico de la ciudad». Su presidenta, María Pérez, advierte además de «inseguridad jurídica» en la que a su juicio queda sumido el urbanismo de Vigo.