La Universidad de Vigo, condenada a pagar 22.800 euros a un director de un laboratorio de Toralla tras encadenar 18 contratos

e. v. pita VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

Estación de Ciencias Marinas de Toralla del Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidad de Vigo.
Estación de Ciencias Marinas de Toralla del Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidad de Vigo. CEDIDA

El investigador se dedicaba a estudiar la contaminación marina y los microplásticos, entre otras materias

11 feb 2024 . Actualizado a las 22:10 h.

La Universidad de Vigo tendrá que indemnizar con 22.862 euros a un ingeniero que dirigía un laboratorio de calidad de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla porque encadenó 18 contratos de trabajo por obra o servicios desde el 2011. Investigaba la contaminación marina o el impacto de los microplásticos. Trabajaba de lunes a viernes dentro del servicio de apoyo a la investigación en relación con los recursos marinos. Era responsable de calidad para el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad de Ecimat. Desarrollaba funciones de director técnico del servicio de laboratorio de la unidad de calidad ambiental de Ecimat y gestionaba la prevención de riesgos laborales de la UVigo.

Sus contratos consistían en el control integrado de la contaminación marina mediante herramientas químicas y biológicas, el estudio integral de las comunidades y ecosistemas marinos o la formulación de una dieta poliespecífica de microalgas cultivadas en fotobiorreactores de columna para el acondicionamiento de reproductores de moluscos bivalvos. También lo contrataron para analizar el impacto de los microplásticos, contaminantes regulados y emergentes en ecosistemas marinos y el establecimiento de la calidad ambiental.

En los últimos años de su carrera profesional, intervino en varios servicios para programas de alcance internacional y para el centro singular océano Ecimat. La sucesión de contratos se prolongó hasta el 31 de octubre del 2020, fecha en que lo dieron de baja.

El caso llegó al Juzgado de lo Social número 2 de Vigo que, el 5 de septiembre del 2023, dictó una sentencia a favor del trabajador porque vio un fraude de ley y declara el despido improcedente. La UVigo alegó que no existía fraude de ley porque el trabajador era contratado a través de ayudas Feder para la investigación. El juez le replica que pasó bastante tiempo para corregir la situación de interinidad.