Más de mil familias insolventes de la provincia de Pontevedra piden ser exoneradas de todas sus deudas
VIGO CIUDAD
Tres jueces de lo mercantil, en Vigo y Pontevedra, se rotan cada trimestre para tramitar por turno los concursos de acreedores de personas físicas o particulares que quieren empezar de cero. Les llegan una media de tres solicitudes por día
10 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Cuando termine este año, en torno a 1.200 particulares (personas naturales), principalmente familias, habrán solicitado en los tres juzgados de lo mercantil de la provincia de Pontevedra que les exoneren de pagar todas sus deudas, incluidas las pequeñas multas. Las tres salas de la provincia rotan cada trimestre para que cada una de ellas examine por turno todos los nuevos casos que presenten los afectados. Se están dictando sentencias pero hay cientos de concursos en lista de espera.
La pasada primavera, entre abril y junio, el juzgado de lo mercantil en Vigo recibió 307 peticiones procedentes de toda la provincia de Pontevedra para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad y liberarse de sus deudas. Los solicitantes eran particulares insolventes que pedían que se declarase el concurso de acreedores, a un ritmo de cien solicitudes por mes o tres por día. Apenas el 5 % de dichos escritos fue enviado por empresas en suspensión de pagos o al borde la liquidación.
La mayoría de los solicitantes, en torno a 300 casos por trimestre, son trabajadores que perdieron su empleo y carecen de ingresos o familias en la ruina, sin un euro en el bolsillo y asediados por fondos buitre y plataformas internacionales de recobro que compran lotes de deuda impagada y luego se la reclaman a ellos.
Entre los solicitantes sobreendeudados figuran hipotecados hasta las cejas o consumidores que, para llegar a fin de mes, tiran de la tarjeta de crédito de hipermercados o grandes almacenes hasta quemar el saldo. Otras veces recurren a préstamos exprés o microcréditos on line o contratan tarjetas revolving que les cargan intereses astronómicos y amortizan lentamente el capital principal. La deuda se convierte en una bola de nieve y a estos afectados ya no les quedan bienes ni ingresos que embargar. Su nombre corre riesgo de entrar en los registros de morosos y piden empezar de cero.
Este otoño, un juzgado de lo mercantil con sede en Pontevedra se encarga de tramitar todas las peticiones de particulares que les llegan de la provincia y, a partir de enero, le relevará por turno la jueza de Vigo. Se hará cargo de las declaraciones que se tramiten en el invierno y el otoño del 2026. Desde la oficina de Vigo, aguardan la llegada de otros 300 casos o más entre enero y marzo.
En cambio, los concursos de acreedores presentados por las empresas, que apenas suponen el 5 %, no se reparten por turnos y cada tribunal de lo mercantil de la provincia asume los correspondientes a su partido judicial.
La liberación de deudas hace varias excepciones, por lo que hay algunas que no se perdonan. Por ejemplo, los beneficiados tendrán que seguir saldando los atrasos de las pensiones alimentarias de sus hijos. Los solicitantes tampoco pueden optar si fueron condenados por delitos económicos o contra los trabajadores.
Otra excepción es cuando el concurso haya sido declarado culpable o cuando no se colabore con el juez. Se ponen trabas a los solicitantes que hayan proporcionado información falsa o engañosa o se hayan comportado de forma temeraria o negligente cuando firmaron el préstamo o se endeudaron, por ejemplo, al mentir sobre su solvencia, su nivel social o profesional o las causas de su sobreendeudamiento.
Debía 51.600 euros y ahora empieza de cero: «Recibía llamadas a diario y a todas horas; cartas y coacciones eran mi día a día»
Una magistrada de Vigo le ha dado la oportunidad de volver a empezar de cero. «Estaba en una situación límite. Recibía llamadas a diario y a todas horas; cartas y otras coacciones eran mi día a día donde no me daban más salida ni opciones que pagar la totalidad de las deudas e intereses», cuenta un particular vigués que estaba arruinado y que se acogió a la Ley de la Segunda Oportunidad. Un juzgado le ha reconocido la exoneración definitiva del pago de una deuda de 51.600 euros.
El beneficiario por la exención llevaba seis años asediado por los fondos buitre y agencias de recobro. Tenía sin pagar multas por valor de 2.100 euros del Concello de Vigo, adeudaba 507 euros en impuestos al ayuntamiento de Marín y no había abonado una sanción de Hacienda de 953 euros. Su pasivo insatisfecho incluía gastos con tarjetas de crédito y préstamos rápidos.
La situación económica de dicho ciudadano empeoró en el 2019 cuando sufrió un accidente de tráfico. Sin ingresos, cayó en el «desamparo económico». «Yo era un trabajador del sector del metal marítimo por cuenta ajena pero, a raíz del accidente, perdí mi empleo», cuenta este particular. Según relata, bajo anonimato, «yo arrastraba consecuencias físicas y psicológicas en donde préstamos, multas y demás deudas generadas por mi falta de ingresos se iban acumulando sin poder hacer frente».
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha exonerado a este particular de abonar 51.617 euros. La magistrada, en un edicto del 5 de noviembre del 2025, acordó la conclusión del concurso de dicho particular y le reconoció la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho (a excepción de unas deudas contempladas por la ley). El beneficio podrá ser revocado en el plazo de tres años.
Desesperado
El afectado, según reconoce, llegó a estar tan desesperado que tuvo varios intentos autolíticos «por no ver salida a la situación tan crítica donde me encontraba». Le llegaban a diario cartas o recibía llamadas telefónicas de fondos buitre para presionarle. Una agencia de recobro insistía en que le debía desembolsar urgentemente 40.569 euros en pólizas de préstamo fallidas de otras empresas. Otro banco le endosaba 4.100 euros impagados de gastos y compras realizados con la tarjeta de crédito y una financiera, otros 1.315. Un fondo buitre le exigía el pago de 600 euros de un antiguo préstamo. También debía 815 euros a un banco, 225 a la financiera de una operadora telefónica y 426 a otra entidad bancaria por compras con una tarjeta.
«En ese momento tan al límite decidí ponerlo en conocimiento de profesionales que me pudieran ayudar a salir de esa situación de alguna manera», cuenta el beneficiario. El bufete vigués Salceda & Abogados se hizo cargo del caso y preparó el procedimiento para solicitar el concurso para personas físicas particulares y lograr la exoneración según la Ley de Segunda Oportunidad.
El 5 de junio del 2025, el juzgado de lo mercantil en Vigo declaró el concurso ordinario voluntario y sin masa, lo que es equivalente a una declaración de insolvencia por carecer de bienes con los que pagar.
Casi cuatro meses después, el solicitante pidió la exoneración del pasivo insatisfecho, sin sujeción a plan de pagos. Ese mismo día, la jueza, en una providencia, llamó a los posibles acreedores para que se opusiesen en un plazo de 10 días. Nadie se opuso y como el concursado cumplía todos los requisitos, quedó a deber cero euros.
Tras ser «totalmente exonerado de las deudas que arrastraba», el afectado agradece la labor del despacho de abogados de Vigo que le llevó el caso. Les agrade su «cercanía y empatía, los resultados hablan por sí solos». «Espero que mi testimonio pueda ayudar a personas que se encuentren en una situación similar», añade.
Ahora el beneficiario podrá presentar la resolución para requerir directamente a los sistemas de información crediticia que actualicen sus registros para dejar constancia de la exoneración y lo borren como moroso.
Aumentan un 300% las reclamaciones por abusos de intereses en microcréditos
«Esa lavadora no va a esperar al próximo Black Friday». Anuncios como este prometen la concesión de un crédito rápido de 300 euros en solo quince minutos después de solicitarlo y a devolver en 61 días. Dan la respuesta en tiempo real y envían el dinero en «menos de 15 minutos». Sin embargo, muchos deudores están acudiendo a los tribunales para quejarse de intereses abusivos.
Así lo confirma el bufete vigués Asesority Abogados, que calcula que las reclamaciones por abusos en intereses de microcréditos han aumentado en más de un 300 % en los últimos meses. Dichos deudores arremeten contra plataformas de préstamos on line. «Las reclamaciones contra los microcréditos superan a las de tarjetas revolving y gastos de hipoteca», advierte David Alfaya, CEO de Asesority Abogados.
Algunas plataformas garantizan en la publicidad de su web su total transparencia y «sin letra pequeña». Otorgan microcréditos «sin papeleos» a clientes residentes en España con cuenta bancaria. Muchas de estas webs pertenecen a grupos financieros europeos que tramitan millones de créditos. Otra web similar promete prestar 400 euros en diez minutos de forma automática, a devolver en 92 días. Incluso tienen una calculadora de intereses: por 200 euros, se devuelven 229 en un mes, y por 300, un total de 387 en 92 días.