La sentencia del alto tribunal se refiere al aumento de los sueldos pactado para el ejercicio del 2008, en el que se fijaba un aumento del IPC previsto, del 2%, con revisión a final de año hasta el IPC real.
Cerca de 17 millones de hogares y pymes están acogidos a la tarifa eléctrica de último recurso, a la que se aplica el incremento. Además, la tarifa de gas sube un 3,9% de media.