El sindicato SUP sostiene que los agentes no están obligados a identificar ciudadanos de modo indiscriminado El Sindicato Unificado de Policía (SUP) estudia presentar acciones legales porque la comisaría de Vigo abrió expediente en enero a dos agentes acusados de incumplir la instrucción verbal de identificar en la vía pública un mínimo de tres vehículos durante un control. Ambos funcionarios alegaron que la mayoría de los conductores no resultaban sospechosos. El SUP advierte que la Dirección General puede infringir los artículos 19 y 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana si ordena al agente una identificación indiscriminada.
Ayer aprobó el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial para el 2001 Tráfico propone considerar delito las tasas de alcoholemia superiores a 1 gramo por litro de sangre. Así lo manifestó el director general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso, tras la reunión del Consejo Superior de Tráfico que ayer dio luz verde al Plan Nacional de Seguridad Vial para el 2001.
La nueva Ley de Seguridad Vial sustituirá las multas a jóvenes temerarios por trabajos sociales La Ley de Seguridad Vial, que aprobará el Parlamento el próximo año, prohibirá el uso de todo tipo de teléfonos mientras se conduce, incluidos los teléfonos de manos libres, hasta ahora permitidos al volante. Junto con esta medida, destaca en el proyecto de ley la sustitición de multas a los jóvenes conductores por servicios sociales en centros hospitalarios y ayuntamientos. El límite de velocidad en carretera no subirá, pese a las demandas de algunas asociaciones de automovilistas.
La asociación Coproper dice que hay dispositivos que no son ordenados por la Dirección General de Tráfico Algunos de los controles de alcoholemia que realiza Tráfico en Galicia no son legales, según denunció en Lugo la Asociación de Guardias Civiles Coproper, que critica las órdenes de algunos mandos, «en un posible afán por destacar en las estadísticas que reflejan su trabajo». El colectivo dice que los agentes, por orden de los mandos de unidades de Tráfico en Galicia, «someten a los ciudadanos a pruebas de alcoholemia que, entendemos, no se hallan amparadas por la Ley de Seguridad Vial».