El administrador de la empresa constructora afirma «es justo que se quede su casa» y que le gustaría que «fuera justa también la procedencia del dinero».
«Imagino que decir la verdad me va a conllevar más perjuicios que beneficios pero lo voy a hacer», ha avisado el presunto cerebro de la «operación Malaya».
La rebaja de la petición de cárcel por parte de la Fiscalía se produce un día después de que Roca confesara en el juicio haber abonado al juez 73.800 euros.
El ex asesor urbanístico admite que pagó unos 70.000 euros al juez Francisco Javier de Urquía después de que éste le pidiera ayuda en la compra de su vivienda.
La imputación del periodista está relacionada con el hecho de que uno de los atestados desaparecidos se corresponde con una presunta infracción de un sobrino suyo.