Destinará hasta seis millones de euros a la evolución de los sistemas de gestión de los centros de Política Social y del censo de residentes
La junta de gobierno aprobó la renovación del contrato de la grúa
Fabiola García visitó con la alcaldesa Lucía Calvo el inmueble, en cuya adquisición el Gobierno gallego invirtió 180.000 euros
La entidad ha ejecutado estos cambios gracias a una ayuda de la Xunta de Galicia
Oleiros urge a la Xunta a su reparación. Varios técnicos de Política Social acudieron este jueves a revisar y precintar el edificio
Alumnos de segundo e terceiro de ESO participaron de xogos e actividades
El pleno aprueba la solicitud con apoyo mayoritario, salvo Vox, mientras PSOE e IU reclaman más espacios de juego y participación para niños y adolescentes
La cuantía puede alcanzar los 300 euros para sufragar gastos de los bebés
En Galicia hay 24.000 usuarios a los que se podría destinar hasta 20 millones de horas al año, con un coste de hasta 420 millones de euros
El Concello pagará 16,5 millones y exige más dinero a la Xunta, que asegura que el ayuntamiento tiene más de 2.000 personas en lista de espera
Política Social adjudica la reforma por 5,1 millones de euros a Prace Servicios y Obras
Queda ahora, una vez que se abra el plazo de matrícula, ver si realmente quedarán pequeños sin plaza
Critica que sin financiación ni planificación, que Galicia acoja «de súpeto» hasta 600 menores más «non é serio nin vai funcionar»
El alcalde ribeirense apunta que los técnicos municipales siguen avalando la construcción en el lugar elegido
Espera que el gobierno gallego construya en la provincia 6 de las 24 anunciadas por el presidente Alfonso Rueda
La corporación insta a la Xunta a abrir una línea de trabajo conjunta
Dos madres relatan los desafíos de este modelo de crianza, para el que la Xunta acaba de crear el primer registro gallego de familias monoparentales
La Audiencia Provincial desestima el recurso de la venezolana al considerar que no acredita el riesgo en caso de retorno
La finca de As Saíñas fue descartada por ser potencialmente inundable y no ajustarse a la normativa aprobada por el Gobierno tras la dana de Valencia