No es necesario recordar los diferentes conceptos que se han ido desarrollando en la historia sobre la práctica de la actividad política, que al mismo tiempo ha ido invadiendo espacios que corresponden a la sociedad civil y no para mejor proveer, más bien como actitud con el fin de ocupar nichos de empleo que deberían ser objeto meritorio para ciudadanos al margen de sus ideologías y con base en sus experiencias objetivables sobre la materia que se encuentra necesitada de los mejores para el buen hacer en beneficio de la sociedad.
Si se hace necesario que desde algún foro universitario se analice cada cierto tiempo la calidad del sistema democrático que nos afecta. Para esta importante investigación hay que dotarse de unos estándares científicos y objetivos que serán los INDICES PARA MEDIR EL ESTADO DE LA CALIDAD. Desde la libertad para asociarse o para expresarse, la participación más allá del derecho al voto, la transparencia y rendición de cuentas de los que gestionan, la lucha eficaz contra la corrupción, el cumplimiento de los compromisos propuestos en los programas electorales de los partidos políticos, la actividad legislativa a propósito de los problemas reales, la independencia y en general el funcionamiento del poder judicial. Seguro que hay más parámetros a valorar, pero de cualquier manera se hace necesario comenzar por algo y sistematizarlo.
Y algo muy controvertido. La política no puede ser una profesión. Los partidos políticos no pueden ser empresas de colocación. Los ciudadanos tienen el derecho a elegir a los mejores lo que lleva a cambiar esa Ley que cierra las listas de los candidatos. El compromiso del electo debe ser con su circunscripción electoral muy por encima de la obediencia debida al partido.
Así se logra prestar servicio a la comunidad real ciudadana. Lo que antecede lleva a promover una clase política diferente a la actual. Compuesta por gentes que tras un periplo profesional demostrable se ofrecen a prestar un servicio dentro de unos márgenes ideológicos propios de cada partido. Y además tal servicio es temporal. Se hace imprescindible establecer por ley los límites entre cargos profesionales y cargos políticos. De lo contrario la política ocupa el espacio de los expertos, que ni siquiera lo son los nombrados como asesores.
El epígrafe anterior se hace insoportablemente presente cuando un grave problema debe ser tratado, como es el caso actual de una brutal riada en la comunidad de Valencia, o cuando la sanidad sufre una pandemia como la del Covid. O cuando los expertos profesionales de la asistencia sanitaria se nos escapan a otros pagos y no están dispuestos a trabajar en el sistema de salud gestionado por gentes nombradas desde la curia política porque son de presunta confianza. ¿De quién? ¿De los usuarios con derecho a la vigilancia de su salud? No. De la confianza de unos mandarines que han invadido puestos claves en un sistema jerarquizado. Yo siempre pongo el ejemplo desde esas "carreras profesionales de las gentes de mar, que antes de mandar un buque han pasado por una trayectoria que va desde la amura hasta el puente.
Y es urgente lo que antecede. Veremos o estamos viendo que mientras las legiones de voluntarios (también de A Mariña) hombro con hombro de bomberos, policías, soldados, y otros profesionales luchan contra el barro, buscan desaparecidos, tratan de hacer lo imposible por devolver la normalidad para seguir viviendo con dignidad en un pedazo de España, los políticos profesionales dedican su tiempo y poder mediático a señalar culpables o sacudirse la responsabilidad sobre errores, carencias y ausencias. Así, alguien acusó de extrema derecha a quienes solo eran ciudadanos: desesperados, desamparados, desestructurados de sus familias que yacían con sus pertenencias por una catástrofe natural de la que no podemos decir nunca "a nosotros no nos va a suceder jamás".
* Pablo Mosquera. Ex parlamentario vasco. Médico.