Como ciudadano -fuente de derechos- y médico - profesional para la salud integral- tengo una escala de valores que puede coincidir o discrepar con otros. Es la realidad sobre la que opera el sistema democrático. Además, el espacio socio sanitario y laboral se concreta en una comarca con patrimonio histórico, cultural y ecológico, garantizado por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Aprendí durante cinco legislaturas en un Parlamento que los Ayuntamientos son por cercanía instancias próximas a la realidad social que no tiene por que coincidir con la realidad oficial. Donde no alcanza la competencia y por principio de subsidiaridad, puede y debe actuar la capacidad.
Esto último le otorga a nuestros concellos papel de antenas sociales para saber lo que sucede sin encuestas del CIS. El derecho a la salud, para mí está por encima del derecho al trabajo. Es la escala de valores personal e intransferible que me enseñaron y que enseñé. Además de promover sus valores en mi trabajo o en mis discursos en sedes legislativas y ejecutivas. Lo que antecede forma parte de una inquietud con tres pilares fundamentales que comparto con más gentes de mi entorno. La salud es lo primero. Tal derecho constitucional lo ampara el sistema nacional de salud -SERGAS-. Identificar primero los riesgos para la salud y después atajarlos -fases de la epidemiología- están en íntima conexión que debería ser objeto de la educación social para evitar ausencias y manipulaciones.
No hay médicos. Los centros de salud carecen de los recursos humanos necesarios para atender en tiempo y forma a los usuarios pacientes. Menos mal que disfrutamos con la presencia vigía de un hospital. Siempre digo alto y claro que ante una contingencia- dolencia o accidente- lo más eficiente es acudir a las urgencias de mi querido hospital sito en Burela. Las ambulancias pueden tardar por estar actuando en un espacio que es ese triángulo con diferentes isócronas que conforma. Ribadeo-Vicedo-Mondoñedo. Sin olvidarme de Orol o de Muras, y desde luego de Trabada. Se equivoca el concello que señala como causante del problema, a punto de hacerse crónico, al Gobierno central de España por las convocatorias MIR. La asistencia socio sanitaria es competencia de la Xunta y del Parlamento sito en Compostela.
¡Defendamos Alcoa! Pero no olvidemos como opera el proceso industrial que transforma bauxita en aluminio sobre tierra, mar y aire. O qué riesgos comporta elevar la cota de la balsa con lodos otros diez metros. O qué relación hay entre enfermedades muy graves y los vertidos industriales. Ese polvillo rojo que impregna nuestras ventanas o esa lluvia ácida que afecta a las carrocerías de nuestros vehículos. O la desaparición de la flora marina en la costa. Está bien preocuparse por la exposición a los rayos ultravioletas y los melanomas y epiteliomas. Pero la misma preocupación debe existir por las concentraciones de cadmio en el medio ambiente. No solo es deber de la salud laboral las condiciones higiénicas del puesto de trabajo que supongo vigilan los liberados sindicales, también es justo y necesario conocer los vertidos y sus efectos sobre las familias de los trabajadores o del resto poblacional.
Pero vuelvo a lo anterior. ¿Qué papel juegan los numerosos concellos mariñanos en la defensa de la sanidad integral en el espacio concreto de la antigua e histórica provincia de Mondoñedo? ¿No hay cierto retroceso que obliga a ir a los Centros Hospitalarios de Lugo por carencias en nuestro entorno mariñano? ¿Para qué sirven las mancomunidades? ¿Dónde está el sistema integrado para la salud mental?
* Pablo Mosquera, exparlamentario y exdirector gerente del Hospital de la Costa.