Piden cárcel para los tres gestores de un cámping de Barreiros, sospechosos de defraudar 186.000 euros a la Seguridad Social
BARREIROS
Según la Fiscalía, dejaron de pagar en agosto del 2013 la cuota correspondiente a la aportación de los trabajadores y la cuota empresarial; dos de ellos se registraron supuestamente como trabajadores para cobrar prestaciones por desempleo indebidamente
04 jul 2024 . Actualizado a las 09:08 h.El Xulgado do Penal número 1 de Lugo celebrará el próximo viernes, 5 de julio, la vista por el caso de un supuesto delito contra la seguridad social, que se les imputa a los tres gestores de un cámping en Barreiros.
De acuerdo con la Fiscalía, la empresa Definiclas, S. L., con domicilio social en Ribadeo y que tiene su actividad en la playa de Benquerencia, con la actividad de cámpings, no realizó desde agosto del 2013 el ingreso de la cuota correspondiente a la aportación de los trabajadores ni de la cuota empresarial a la Seguridad Social. Esta mercantil acumuló deuda por 72.486,80 entre los años 2015 a 2018, siendo el principal del débito 55.648 euros y habiendo 16.838 pendientes en materia de gastos, costas e intereses.
La acusación se dirige contra tres personas. Una de ellas es J (nombre falso con el que se le identifica en el escrito de calificación), administrador único de la empresa desde diciembre del 2012.
Los otros encausados en el procedimiento judicial son R y M (también identificados con nombre falso), pareja que en agosto del 2013 vendió las participaciones que tenían sobre la mercantil Definiclas al otro acusado.
La Fiscalía señala que «la explotación del cámping, a pesar de que su administrador de derecho era el acusado J, se realizaba por los otros dos encausados, que en la práctica eran los administradores de hecho y propietarios de la explotación del establecimiento». La pareja «tenía el control previo de la sociedad y colocó a J como hombre de paja, puesto que era un mero empleado de los dos anteriores, efectuando tareas de mantenimiento en dicho cámping y sin facultades de administración de hecho».
Fue cuando se produjo el aparente relevo, argumenta el Ministerio Fiscal, que la sociedad comenzó a acumular deuda con la Seguridad Social, «dejando de pagar las anteriores cuotas y ocultando la realidad de la administración y titularidad efectiva de la mercantil».
El escrito de acusación expone que «ni el acusado J, como administrador de derecho de la mercantil, ni los encausados R y M, como auténticos administradores de hecho, solicitaron ningún tipo de aplazamiento para intentar liquidar la deuda contraída con la Seguridad Social, ni contestaron a los requerimientos de bienes efectuados. (...) Con el fin de eludir el pago de sus responsabilidades empresariales y obtener beneficios patrimoniales ilícitos, colocaron legalmente como administrador de las empresas que gestionaban y de las que eran auténticos administradores, con su consentimiento, al empleado», apunta. La Fiscalía señala que en otra empresa, Ferquejo S. L., se produjo idéntico relevo, en septiembre del 2013.
La Fiscalía estima que el perjuicio económico causado a la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 186.264 euros.
Además, resalta que los acusados R y M figuraban dados de alta en el régimen general como trabajadores por cuenta ajena de las empresas Definiclas y Ferquejo, utilizando «esta maniobra para cobrar prestaciones por desempleo de forma indebida, al ser ellos los que tenían el control efectivo y la dirección de dichas sociedades». R cobró, entre 2013 y 2019, 14.930 euros, y M percibió, entre 2012 y 2019, 14.811 euros.
Por ello, la Fiscalía pide para M cuatro años de prisión, y una multa de 294.000 euros, además de la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas o a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante ocho años.
R afronta una pena de tres años de cárcel y una multa de 170.000 euros, además de la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas o a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante siete años.
Finalmente, para el acusado J, el Ministerio Fiscal pide un año de cárcel y una multa de 170.000 euros. En materia de responsabilidad civil, se solicita que los tres acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social por 186.262 euros. Además, a R y M se les reclama que devuelvan al SEPE lo percibido por prestaciones de desempleo irregulares.