Las Administraciones, la multinacional e Ignis firman un memorando de entendimiento con compromisos para el futuro de la planta, documento del que el comité recela al «no tener valor jurídico»
22 ene 2025 . Actualizado a las 18:46 h.El Ministerio de Industria y Turismo, la Xunta de Galicia, la multinacional estadounidense Alcoa y la compañía energética Ignis Equity Holdings han firmado este martes un memorando de entendimiento (MoU) que recoge una serie de compromisos para «asegurar el futuro a largo plazo» de la fábrica de aluminio de San Cibrao, en Cervo, que produce solo al 6 % de su capacidad después del acuerdo entre patronal y plantilla para un cese temporal de la actividad.
Así lo han expuesto en sendos comunicados el Gobierno central y la compañía estadounidense. El MoU recoge «el interés de las partes» en colaborar junto con los trabajadores de la planta para lograr «la estabilidad de las operaciones», dando prioridad a la reactivación de las instalaciones de aluminio. Actualmente solo hay 32 cubas de 512 operativas, habiéndose comprometido Alcoa con los trabajadores a reactivar el cien por cien de la electrolisis en octubre del presente ejercicio.
Además, precisa el Ejecutivo central, se acuerda «agilizar las autorizaciones de proyectos de energía renovables para lograr costes energéticos competitivos».
Asimismo, se establece como «prioritario» aumentar las ayudas a las emisiones indirectas de dióxido de carbono (CO2). El Ministerio de Industria y Turismo recuerda que ya anunció a finales del año pasado que en 2025 se aumentará esta partida presupuestaria hasta los 600 millones de euros, lo que supone triplicar el presupuesto del curso pasado, aunque todavía no alcanzar el máximo legal permitido, como reclamaba Alcoa.
La Xunta y el Gobierno central impulsarán «las medidas necesarias» para agilizar la autorización y puesta en marcha de los proyectos de zonas de almacenamiento de residuos que Alcoa está promoviendo en el complejo industrial, que son necesarias para apoyar la continuidad de su operación, en el ámbito de sus respectivas competencias. En este caso, el comunicado institucional se refiere a la ampliación a cota 104 (104 metros) de la balsa de lodos rojos de la planta de alúmina, que ha recibido luz verde ambiental por parte del Gobierno autonómico.
En la firma del acuerdo han participado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, así como representantes de Alcoa (Rob Bear) e Ignis (Antonio Sieira).
«Hoy, Alcoa Inespal, Ignis Equity Holdings, el Gobierno de España y el Gobierno de Galicia hemos dado juntos un importante paso adelante para mejorar las perspectivas a largo plazo de San Cibrao», ha argumentado el vicepresidente Global de Energía de Alcoa, Álvaro Dorado Baselga, en relación con este acuerdo.
«Esperamos aprovechar el impulso creado hoy para avanzar en el diálogo con el resto de las partes interesadas, en particular los sindicatos nacionales y el comité de empresa de San Cibrao, y alcanzar los elementos finales necesarios para el futuro de San Cibrao», añadió .
La empresa recuerda en un comunicado que Alcoa ha operado la planta de San Cibrao «durante varios años en un contexto económico complicado, principalmente debido a los altos costes de la energía», por lo que «tras un robusto proceso de venta que no resultó en una oferta viable para el 100 por 100 de las operaciones, surgió una posible asociación con Ignis Equity Holdings», precisa.
Alcoa ha condicionado, sin embargo, la ejecución de ese principio de acuerdo con Ignis para inyectar 100 millones de euros en el complejo industrial de San Cibrao, a una serie de exigencias a Gobiernos y a los sindicatos. A la plantilla le reclama renunciar al pacto de viabilidad que la propia compañía firmó a finales del 2021 y que fue modificado, en el 2023. La multinacional insta al personal a acceder a posponer el proyecto de la inversión más importante para el futuro de la planta de aluminio de San Cibrao, el horno de cocción de ánodos, hasta el 2028, lo que llevaría su ejecución al menos hasta el 2020. Y también exige que la representación de los trabajadores permita utilizar, para financiar las operaciones diarias, los 85 millones de dólares de un fondo restringido constituido como aval de que se realizarían las reformas comprometidas.
Según Alcoa, el memorando recoge «un enfoque a corto plazo en el diálogo continuo con los representantes de los trabajadores para la estabilidad de las operaciones, mediante la priorización del arranque de la planta de aluminio respecto a inversiones de capital que puedan aplazarse a una fecha posterior».
Consultado al respecto, el comité de Alcoa respondió que «el MoU es un documento que no tiene valor jurídico ninguno, puesto que no compromete a nada, más allá de recoger una serie de intenciones». El presidente del organismo de representación de los trabajadores, José Antonio Zan, cita un memorando de entendimiento firmado por el Gobierno de España en el 2021 relativo «a Arcelor Mittal, que actualmente está en un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) para 6.600 trabajadores. La noticia no se puede dar por muy grata», afirmó.
Zan hizo también hincapié en que «hace año y varios meses el Gobierno había sacado fuera de plazo cuatro nudos de parques eólicos vinculados a Alcoa. Hasta ahora no han sido capaces de sacar esos nudos tal y como prometieron (la entonces ministra de Transición Ecológica) Teresa Ribera y José Ramón Gómez Besteiro. Ahora ponen ese compromiso en un papel, así que parece un poco de chiste», señaló el sindicalista.
«Lo que necesita la plantilla, urgentemente, es que cuanto antes salgan las cosas en el BOE y en el DOG. Entonces tendremos realidades sobre las que trabajar, no compromisos que no obligan a nada legalmente, lo que parece reírse de una comarca después de cinco años de tortura», agregó. Además, resaltó que este memorando de entendimiento es ajeno al comité, «porque ni Gobierno ni Xunta hablaron nada con nosotros, y no sabíamos qué puntos traía».
Así, afeó a las Administraciones que, no firmando el pacto de viabilidad por el que se pararon las cubas, respalden ahora «un MoU que quiere corregir lo que había en ese acuerdo, que es un documento legal».
«¿Por qué la Xunta y el Gobierno firman un MoU diciendo que nosotros tenemos que negociar un acuerdo que es legal y está vigente, y sobre el que la única parte que no cumple es Alcoa? ¿Por qué no han negociado las Administraciones con la empresa para que cumpliese lo comprometido?», preguntó Zan.
En un audio remitido a los medios, Lorenzana remarca que se trata de un protocolo de intenciones por el futuro de la fábrica con el compromiso de «tramitar los expedientes que son precisos para que Alcoa sea una fábrica competitiva».
Recuerda que, por parte de la Xunta, la autorización de la ampliación de la balsa de lodos, «ya tramitada ambientalmente», está pendiente de poder obtener la luz verde administrativa «en próximas semanas».
También pone en valor que la parte del Gobierno gallego que se corresponde con eólicos ya fueron autorizados, por lo que este protocolo recoge que el Ministerio agilizará los eólicos que dependen de su departamento, además de aumentar el Gobierno las compensaciones por CO2.
Este protocolo «sitúa a Alcoa e Ignis en un punto para empezar a trabajar con los empleados de la fábrica, con el comité de empresa, en un nuevo plan de viabilidad para la compañía», asegura Lorenzana.
La conselleira también considera «esencial que se convoque en breve» la mesa de seguimiento por parte del Ministerio de Industria, todavía pendiente tras ser aplazada, para «exponer a los trabajadores, al comité de empresa, este protocolo alcanzado», además de que Alcoa pueda exponer el «plan de negocio que va a dar viabilidad a la empresa». «Un paso dentro del camino que tenemos que recorrer para la viabilidad de Alcoa, pero un paso importante», valora.