El trabajador, que sufrió en el 2007 lesiones por no cumplirse el plan de seguridad en una obra en Ourol, sigue pleiteando para que se ejecute toda la sentencia
08 feb 2025 . Actualizado a las 10:04 h.Casi dieciocho años de batalla judicial, casi seis para completar la ejecución de la sentencia. Es la travesía en la que sigue un mariñano al que la Audiencia Provincial de Lugo declaró víctima de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso ideal con otro de lesiones imprudentes. En resolución firme, el órgano judicial impuso en el 2019 a los condenados —la jefe de obras de una empresa y el recurso preventivo de la misma, el encargado, jefe y preventivo de otra, el encargado de una tercera firma y el coordinador de seguridad de una cuarta— una indemnización para el operario, que sufrió un accidente laboral, de 137.000 euros por los perjuicios y secuelas y otros 1.035 euros por los gastos, teniendo que responder subsidiariamente cuatro empresas del sector constructivo, dos de ellas hoy en liquidación, y varias aseguradoras. Con los intereses calculados desde el día del accidente (a razón del 50 por ciento en los dos primeros cursos y del 20 % una vez transcurrido ese período), la cuantía de la reparación ha aumentado hasta los 400.000 euros, cantidad que el perjudicado ya ha cobrado en su mayoría.
Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre del 2007, durante la ejecución del denominado Proyecto Constructivo del Aprovechamiento Hidroeléctrico en el Río Landro, en Xerdiz, Ourol. La promotora, radicada en Lugo, había contratado los trabajos a otra firma, ya extinguida y con sede en A Coruña, que había elaborado además el Plan de Seguridad y Salud de la obra. Esta última asignó en subcontrata el montaje de una tubería forzada a una entidad navarra que fue la que incorporó al trabajador, y también subcontrató los trabajos de movimientos de tierras a una cuarta sociedad empresarial, fundada en la comarca mariñana.
El operario trabajaba en ese momento en la colocación de una tubería forzada dentro de unas zanjas. Las tareas se realizaban no con una grúa autopropulsada, sino con una retroexcavadora de orugas propiedad de la empresa encargada de los movimientos de tierras, a cuyos mandos se encontraba un operario de esta misma firma, procediéndose de esta manera a izar los tubos y depositarlos en los fosos.
Cuando ocurrió el accidente se transportaba una pieza asimétrica de 6.500 kilos de peso, que fue izada, pese a que estaba prohibido por el protocolo de seguridad aprobado, por el cazo de la retroexcavadora, siendo sujetada por una eslinga simple anclada en el punto central y en sus extremos por el empleado lesionado y otro compañero, a fin de evitar posibles balanceos. En un determinado momento, debido al excesivo peso e inestabilidad del tubo, este cayó sobre la pierna izquierda del trabajador perjudicado, quien tampoco había recibido la formación correspondiente al puesto que desempeñaba, ni sobre los riesgos existentes.
La resolución consideró también probado que las causas del accidente fueron «un inadecuado procedimiento de trabajo para el montaje de la tubería forzada y el incumplimiento de las previsiones del Plan de Seguridad y Salud elaborado al efecto (...) No se utilizaba la grúa autopropulsada con cazos programada ni la doble eslinga para realizar el traslado y descarga, y tampoco existían cuerdas para evitar balanceos», recordaba. De ese modo, agrega, los tubos «tenían que ser sujetados por las manos de los trabajadores durante su transporte, con el riesgo inherente de que ello representaba para los mismos». Además, esta irregular forma de proceder «había sido utilizada con anterioridad, puesto que se habían instalado ya unos 9.000 metros de tubo forzado» y dicha «vulneración flagrante» del protocolo era conocida por los condenados, «pues la habían observado directamente o habían sido avisados al efecto por los empleados».
El Juzgado de lo Penal 2 de Lugo dio en el 2018 la razón al trabajador y un año después la Audiencia rebajó, al concurrir la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a seis meses de prisión la pena para cada uno de los autores, que debieron afrontar además multas económicas. No obstante, mantuvo íntegra la indemnización, que con los intereses se ha duplicado.
Con todo, el perjudicado continúa pleiteando para que se cumpla íntegramente la resolución de la Audiencia Provincial. Recientemente, el Tribunal Supremo (TS) ha desestimado su recurso de casación contra varios autos de ejecución de sentencia. Alegaba el operario, en lo relativo a los intereses legales de la indemnización, que las aseguradoras han violado la ley paralizando el proceso y pretendiendo alterar la invariabilidad de las resoluciones judiciales, pero el TS inadmite su reclamación, entendiendo que no concurren las condiciones necesarias para que dichos autos puedan ser recurridos en casación.