TRIBUNA PÚBLICA | O |
28 ago 2003 . Actualizado a las 07:00 h.?l Gobierno Español pretende que todos los damnificados por el Prestige se acojan «voluntariamente» a un Decreto que, dicen, adelantaría el pago total de indemnizaciones derivadas de la catástrofe, promoviéndola como mejor opción a otras alternativas posibles de satisfacción de las indemnizaciones exigibles (Fidac y Tribunales nacionales e internacionales). En esa oferta se esconde la intención de esquivar las consecuencias económicas que se pueden derivar de resoluciones judiciales por las que, con casi total seguridad, el Estado se vea obligado a asumir el pago de los daños y perjuicios causados por la mayor catástrofe sufrida en nuestras costas. Aquí van algunas consideraciones. Cuantía máxima El Decreto establece una cuantía de 160 millones de euros como máximo a abonar por el Estado. En cambio, el Fidac presupuesta una cantidad de 171,5 millones para todos los afectados. En cualquier caso, son cifras insuficientes que no permiten alegrías para satisfacer los intereses económicos de todos los sectores dañados. En este punto resulta altamente significativas las cifras entregadas a los afectados del Mar Egeo gracias Fidac y a las sentencias de los Tribunales de A Coruña: 152 millones de euros de los cuales casi 36 correspondieron a las cofradías. Como muestra, el mariscador que menos cobró en Ferrol alcanzó el importe global de 7.500 euros, cantidad muy alejada de la que el Gobierno prevé ahora. Fuentes de financiación El Gobierno no paga con fondos propios, sino que «gestiona y tramita» fondos ajenos. En el Decreto se compromete a pagar el importe de las indemnizaciones disponiendo de tres fondos: ingresos por la Lotería Nacional del 11/01/03, los generado por las actuaciones del Plan de Turismo cultural, y sobre todo, las cantidades que se reciban del Fidac, por lo que el Estado no podría hacer efectivos los pagos mientras no reciban los fondos mencionados. Valoraciones El Gobierno español quiere evaluar los daños de los afectados a través delos peritos del Consorcio de Compensación de Seguros o con las empresas u organismos especializados que sea necesario, sin que conozcamos a ciencia cierta los criterios y categorías que se aplicarán. El Gobierno puede eludir de este modo el control de los tribunales al tratarse de una negociación, facilitando el subjetivismo. Al contrario, el Fidac debe valorar los daños según principios de transparencia, objetividad e imparcialidad, ya que su tarea estará sometida a la revisión judicial. Descuentos El Gobierno pretende restar, ponderar o descontar las ayudas recibidas por el afectado durante el tiempo en el que estuvo privado de su trabajo. Ahora bien, esto contradice la normativa emanada de la consellería de Pesca y el carácter humanitario y a fondo perdido de varias de sus órdenes. Resulta paradójico que el Gobierno anuncie el descuento de las ayudas al personal conectado con la pesca y se olvide de los descuentos que en buena lógica se deberían practicar a aquellas empresas, entidades o administraciones recibidas para paliar sus «daños». En contraste, quienes que se dirijan al Fidac deben saber que éste no exigirá el descuento de las ayudas recibidas. Demora en el pago El Decreto no concreta las fechas y plazos de abono de las indemnizaciones que pudiera ofertar y que, ineludiblemente, están condicionadas a la disposición de los fondos del Fidac, cuestión que se puede dilatar hasta tres años. Sin embargo, se exige que antes del 31 de diciembre de este año se presente la solicitud. Resulta claro que el Gobierno pretende presionar al afectado para que se acoja a ciegas al Decreto. Es necesario aclarar que gran parte de los afectados por el suceso del Mar Egeo, acaecido en 1992, pudieron recibir hasta que salió la sentencia judicial hasta tres pagos, que supusieron el 60% de las cuantías reclamadas. El 40% restante lo asumió el Estado en el 2002, obligado por el procedimiento judicial a pagar las cantidades que no hubiese abonado el Fidac. Daños indemnizables. El Decreto gubernamental no permite reclamar al afectado cuentías indemnizatorias provenientes de daños y perjuicios que se produzcan a partir del 31 de diciembre de 2003. Este criterio se basa en la postura minimizadora de la Administración, que desprecia las conclusiones de los científicos que alertan de la grave afectación del fuel sobre el ecosistema y los recursos, que podría prolongarse durante diez años. Por el contrario, el Fidac abonará a los afectados los daños que se acrediten durante los tres años siguientes al siniestro, pudiendo el afectado beneficiarse de una sentencia condenatoria al Estado, que tendría que indemnizar de manera ilimitada y mientras perduren las secuelas. En fin, la Coordinadora de Cofradías dañadas por el Prestige entiende que los perjudicados deben recibir toda la información para poder elegir la opción que les permita acceder a las indemnizaciones que le correspondan. La Xunta lo tiene muy claro, pues Manuel Fraga descartó ya acogerse al Decreto del Gobierno.