Estamos asistiendo, desde hace muchos meses, a un gran debate sobre la conveniencia o no de adelantar los comicios generales previstos, en principio, para marzo de 2012. Incluso los habituales estudios de opinión se ocupan de esta cuestión revelando que más de la mitad de la población se manifiesta favorable a la disolución de las Cortes Generales.
Ante este panorama, cuál es la posición del gobierno, del partido que le da sustento político y del jefe del Ejecutivo que, no olvidemos, es el que tiene la prerrogativa constitucional de proponer al Jefe del Estado la disolución de la Cámaras.
El Partido Popular, por boca de su líder Mariano Rajoy, ya planteó esa necesidad en diferentes oportunidades. Respecto a los socialistas las posturas no convergen, nada extraño, por otra parte. Voy a tratar de explicarlo porque mientras destacados miembros del Ejecutivo aluden permanentemente a agotar la legislatura para, según ellos, avanzar en el «proceso de reformas» (ese conjunto de medidas y decisiones que diversos poderes internacionales le imponen a Zapatero, no que este promueva por su propia voluntad política), el propio presidente lo suscribe y el PSOE no tiene una postura oficial (hace tiempo que no funcionan con un discurso uniforme, siendo más bien un coro) aunque, por si acaso, ya designaron una responsable de campaña que sustituye al tradicional coordinador José Blanco, quien parece haber decidido huir de la irreversible e inexorable debacle.
¿Y Zapatero que opina sobre el adelanto electoral? Por una parte mantiene el discurso oficial sobre agotar la legislatura aunque, de manera creciente, cede iniciativa política y protagonismo al candidato Rubalcaba, ya fuera del Gobierno, en un lamentable ejercicio de subordinación de los intereses generales de España a las conveniencias del PSOE. Recientemente con motivo de una comparecencia informativa admitía Zapatero que los tiempos los marcaba el candidato. La deducción es sencilla porque el Partido Socialista convocará elecciones cuando convenga a los intereses electorales y partidistas de su candidato. Lo de completar el «proceso de reformas» es una coartada momentánea, como cualquiera otra a la que nos tienen acostumbrados en estos años de una mala gestión trufada de bandazos políticos e ideológicos.
La actitud descrita es tanto más grave en el contexto de la durísima crisis económica que estamos padeciendo en España y que golpea con inusitada dureza a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Subordinar, en las actuales circunstancias, al momento en que las encuestas den «menos mal» a sus expectativas es una falta de sensibilidad y grandeza de miras todavía mayor que la lamentable por reiterada negación de la crisis en los anos 2007 y 2008, también por sus mismos intereses electorales.
Llegados a este punto procede plantear, ya que a los socialistas se les olvida, las razones de Estado, la defensa de los intereses generales o la prevalencia del bien común para inclinarse por un inmediato adelanto de los comicios.
Además, el factor fundamental para la buena marcha de la economía es la confianza, aspecto que el actual gobierno dilapidó, alegremente, hace mucho tiempo y sin la cual por muchos planes, ajustes, medidas e iniciativas que se tomen no se producirán los efectos de reactivación que la situación exige y la ciudadanía demanda. A este gobierno le falta el crédito político entre los emprendedores, los agentes económicos y sociales, los mercados pero, sobre todo, de la mayoría de los españoles. Pretender agotar la legislatura es un dislate que condena a España a un año más de zozobra económica y demora a junio de 2012 las primeras decisiones del futuro Ejecutivo.
Los países europeos de nuestro entorno están llenos de ejemplos de gobernantes, auténticos estadistas, que tuvieron la grandeza de miras y el sentido de Estado de llamar a eso que se denomina el cuerpo electoral a las urnas para que los ciudadanos expresen su voluntad soberana sobre la orientación del futuro gobierno. Lo hacían esos estadistas conscientes de que la situación de deterioro político y de falta de confianza social era irreversible, imponiéndose la necesidad de dar paso a un nuevo tiempo.
Así pudimos contemplar el caso de José Sócrates en Portugal, recientemente, o antes Gordon Brown, Gerhard Schroeder o Romano Prodi. En España, durante la transición, hubo dos políticos que tuvieron la gallardía de dejar paso ante situaciones de imposible gobernabilidad. Me refiero a la digna dimisión de Adolfo Suárez o la decisión de adelantar las elecciones de Leopoldo Calvo Sotelo. También podemos poner un ejemplo en el propio partido de Zapatero, que lo hubo. Felipe González llamó a comicios en 1996 restándole más de un año de mandato. Todos ellos tuvieron la grandeza política que es inherente a un estadista.
Quien encabeza un gobierno en un sistema democrático, debe siempre interpretar los anhelos y aspiraciones de sus conciudadanos, distinguiéndose por el amor a su país, por el compromiso con el porvenir y, en definitiva, con el interés general por el que son precisas unas elecciones anticipadas.