El Gobierno afirma que hasta noviembre no había tenido constancia de problemas en el ISM de Bamio
AROUSA
Los trabajadores de los servicios de vigilancia y de conserjería acumulan cuatro meses de retraso en el pago de las nóminas
30 mar 2022 . Actualizado a las 05:00 h.A punto de llegar a las cuatro nóminas de retraso, los trabajadores de los servicios de vigilancia y de conserjería del ISM de Bamio siguen a la expectativa de que por fin se resuelva su situación y puedan volver a cobrar sus salarios. Entre tanto, las noticias sobre su situación siguen llegando a cuentagotas. La última, la respuesta del Gobierno a las preguntas que, a instancias de Podemos Marea da Vila, presentó el diputado de Galicia En Común Antón Gómez Reino. Unas respuestas en las que se explica, por ejemplo, por qué se renovó el contrato con Mersant Vigilancia en el mes de noviembre. «El comienzo del procedimiento de la prórroga del contrato del CFM de Bamio se realizó el 17 de noviembre del 2021, en cuya fecha no se tenía constancia de ningún incumplimiento de las obligaciones de la empresa con los trabajadores (...) ya que todos los meses anteriores se había venido certificando por la empresa de auditoría el cumplimiento de las condiciones exigidas por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) de la licitación y no había otros motivos contemplados en la Ley de Contratos del Sector Público para desistir de la citada prórroga».
La respuesta choca con la versión de los trabajadores, que aseguran que los retrasos en los pagos de las nóminas se habían producido más de una vez. Además, el Gobierno asegura que ha estado «en permanente contacto» con el administrador de Mersant Vigilancia «advirtiténdoles dela situación denunciada en los medios de comunicación», que abonó la factura mensual de noviembre una vez recibida la certificación expedida por la empresa de auditoría, y que, al no haberla recibido en los meses siguientes, el ISM no ha abonado factura alguna. El ISM remitió en febrero un burofax a la empresa en el que se le advertía del inicio del expediente administrativo. Por lo que respecta a los trabajadores, asegura el Gobierno que la dirección provincial está «ponderando los intereses implicados que permitan el mantenimiento de los servicios, así como la protección del empleo de los trabajadores de la empresa contratista, aspectos estos que podrían quedar comprometidos si en estos momentos se insta la resolución del contrato por incumplimiento del contratista», afirma.