Socialistas y comunistas llegaron a un acuerdo con una constructora para urbanizar la isla vilagarciana con hasta cuatrocientas viviendas, algo que finalmente no se llevó a cabo por la contestación ciudadana
03 mar 2026 . Actualizado a las 04:47 h.En una Galicia marcada durante décadas por la fiebre constructora y la presión inmobiliaria sobre el litoral, la historia de la isla de Cortegada constituye un precedente revelador. Mucho antes de que la palabra pelotazo se popularizase para describir grandes operaciones urbanísticas, este enclave situado frente a Carril ya había sido objeto de ambiciosos planes que amenazaron con transformar para siempre su fisonomía.
El primer gran proyecto se remonta a comienzos del siglo XX. En 1902, un grupo de influyentes empresarios y representantes de la burguesía local impulsó una iniciativa singular: adquirir la isla para ofrecérsela como obsequio al rey Alfonso XIII. La expectativa era clara: la construcción de un palacio de verano atraería a la corte, generaría empleo y situaría a la comarca en el mapa político y social del país. La operación, sin embargo, no fue sencilla.
Durante años se negociaron las condiciones de la donación. El monarca rechazó una primera propuesta que incluía cláusulas económicas y exigencias sobre el uso del terreno. Exigía una cesión sin condiciones. Entre 1908 y 1910 se formalizaron cerca de doscientas escrituras notariales para reagrupar las 1.244 parcelas en que estaba fragmentada la isla, propiedad de alrededor de 800 dueños distintos. El 10 de julio de 1910 se firmó finalmente la escritura definitiva.
Aquel proceso tuvo un alto coste humano. Dieciséis familias que residían en la isla se vieron obligadas a abandonarla. Para ellas, la promesa de prosperidad colectiva supuso la pérdida de su hogar. Tampoco faltaron controversias administrativas: años después, el notario encargado de las actas reclamó honorarios impagados por una operación que superó los 40.000 duros, una suma considerable para la época.
El palacio, diseñado por el arquitecto Ripollés, nunca pasó del papel. Tras la caída de la monarquía y los avatares políticos del siglo XX, la isla quedó integrada en el patrimonio de la familia real. La heredó Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, pero a diferencia de otros enclaves como el Palacio de la Magdalena en Santander o Miramar en San Sebastián, Cortegada no fue transferida a las instituciones locales.
El giro decisivo llegó el 6 de noviembre de 1978, cuando la isla fue vendida por 60 millones de pesetas a la sociedad inmobiliaria Cortegada S. A. Poco después, el constructor compostelano José Otero Núñez presentó en el Concello de Vilagarcía un ambicioso plan urbanístico. El proyecto contemplaba doce bloques de apartamentos, decenas de chalés, un hotel de lujo y amplias superficies reservadas para un eventual palacio dedicado a don Juan. La referencia al palacio funcionaba como argumento legitimador de una operación con evidente vocación especulativa. En el mes de marzo de 1982 socialistas y comunistas, que eran quienes tenían la mayoría en el Concello, llegaron a un acuerdo con la compañía mercantil Cortegada S.A. pare urbanizar la isla y crear allí un ambicioso complejo turístico, con dos hoteles y hasta 400 viviendas. Las irregularidades no tardaron en aflorar. La inscripción registral y la formalización societaria se produjeron con posterioridad a la presentación del proyecto. Paralelamente, se interpusieron demandas judiciales que cuestionaban la validez moral de la venta. Algunos vecinos defendían que, aunque la donación original al rey no establecía condiciones formales, la intención de los donantes era inequívoca: la construcción del palacio y la permanencia de la isla en manos de la Corona. Al no haberse cumplido ese propósito, consideraban que debía revertir al pueblo.
La controversia jurídica coincidió con una creciente movilización social. La asociación vecinal de Carril lideró protestas y denunció el impacto ambiental y económico de la operación, subrayando que el valor de la madera existente superaba el precio pagado por la finca. En ese 1982 se llegó a firmar un convenio urbanístico que incluía la construcción de un puente, hoteles de distintas categorías, auditorio, campos deportivos, puerto deportivo, áreas comerciales e incluso un estadio. La inversión prevista ascendía a 11.000 millones de pesetas y aspiraba a acoger a miles de residentes temporales. Los promotores confiaban en que nuevas infraestructuras viarias acercarían Carril a Santiago en apenas diez minutos. Nada de aquello se materializó. Las previsiones resultaron fallidas y el proyecto quedó en suspenso. Décadas después, la declaración de utilidad pública por parte del Gobierno gallego cerró definitivamente la puerta a la urbanización masiva y consolidó la protección del enclave.
Hoy, Cortegada forma parte de un espacio natural protegido y su historia se recuerda como ejemplo de cómo la presión ciudadana y la acción institucional pueden frenar operaciones que, bajo la promesa de desarrollo, amenazan con diluir el patrimonio común. La isla que un día se soñó como residencia regia y más tarde como complejo turístico de lujo es, finalmente, un símbolo de resistencia.