Campaña para salvar el dinero físico: «A este paso necesitaremos contratar una gestoría poder para vivir»

Antes de marzo del 2020, la intención de pagar un café o una caña con tarjeta en un bar sería una excentricidad contemplada con desdén tanto por el tabernero como por el resto de la clientela del local. Hoy, tras el paso de la pandemia desencadenada por el coronavirus, desenfundar los cuartos de plástico a la mínima ocasión es tan corriente como el agua que mana de los grifos. Este cambio de costumbres, que para algunos puede resultar irrelevante, encierra, sin embargo, toda una serie de riesgos que una campaña de alcance estatal intenta evitar en España. La idea, que cristalizará en la presentación de una iniciativa legislativa popular en el Congreso, es directa: «Salvemos el dinero físico».

Tanto el objetivo y la argumentación que anima esta campaña como la forma de participar en ella se desarrollan con largueza en la web salvemoseldinerofisico.com. Impulsada por la abogada gallega Inés García Troitiño, la iniciativa cuenta con una valedora en Vilagarcía. Ramona [prefiere presentase así, prescindiendo de su apellido] ha recogido ya más de un centenar de rúbricas. Y aunque esta primera fase concluirá en apenas una semana, ya que esas firmas deben ser entregadas con el 2 de noviembre como fecha tope, considera que es útil y necesario difundir el mensaje entre el gran público. «Nos están metiendo en una espiral online y no puede ser. Nadie debería verse obligado a tener un teléfono móvil ni un correo electrónico. Es que a este paso vamos a necesitar contratar una gestoría para poder vivir», asegura, convencida de que el avance incontenible de los medios de pago digitales acabará, más antes que después, con la circulación de monedas y billetes.

Ramona subraya que frente a las personas mayores, que ya lo están pasando mal ante un imparable proceso de colonización digital, que requiere cierta destreza y conocimientos a la hora de realizar cualquier trámite, se abre un horizonte oscuro. «Conozco a una mujer de ochenta años que hace pocos días, hablando de todo esto, se preguntaba cómo iba a poder hacer la compra o ir al mercado si nunca ha tenido tarjeta ni la quiere; cómo puedes obligar a la gente a tener que hacerlo todo con tarjetas o por internet si nunca ha conocido lo que son», se pregunta.

Como ella, el movimiento al que pertenece llama la atención sobre el riesgo de exclusión al que se enfrentan quienes carecen de formación o acceso a los medios digitales. Pero destaca también peligros menos evidentes. La pérdida de la privacidad, por ejemplo, con todas sus consecuencias: «A medida que aumenta la dependencia de los pagos electrónicos, también lo hace la cantidad de información financiera personal que se recopila y comparte». El pago en efectivo, en cambio, permite mantener el control sobre este tipo de datos, enormemente sensibles.

La vulnerabilidad de los sistemas electrónicos ante averías, fallos en el suministro de electricidad o ataques cibernéticos puede sumir a cualquiera en una situación que le impida el acceso a sus propios fondos. Los problemas de cobertura en áreas rurales y el incremento del control gubernamental forman parte del mismo paquete. Lo que la campaña propone es un texto legal que sea aprobado en el Congreso de los Diputados y garantice ese pago en efectivo, como mucho a través de giros postales, tanto frente a empresas como a la Administración, en primer lugar. «En el fondo, es una cuestión de libertad», incide Ramona.

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