U n presidente apellidado Aznar creó un impuesto sobre hidrocarburos conocido como el céntimo sanitario, que entraría en vigor el 1 de enero de 2002. Ese impuesto gravaba el litro de gasoil en 1,2 céntimos de euro y en 2,4 céntimos el de gasolina. Se decía entonces que la recaudación neta de este impuesto serviría para «financiar una parte de los gastos de sanidad de la comunidades autónomas» (Ley 24/2001 del 27 de diciembre).
Puesto que la ley vigente dejaba en manos de dichas comunidades autónomas la posibilidad de incrementar tales impuestos, pocos años después, un presidente gallego apellidado Feijoo, subió de un plumazo a 4,8 céntimos por litro, tanto para las gasolinas como para el gasoil. Si a esto le aplicamos el 21 % de IVA correspondiente, resultaba que por repostar en una gasolinera gallega se pagaban casi 6 céntimos más por litro. De récord.
A pesar de contar con una refinería, los surtidores de Galicia eran los más caros del conjunto de España. Afortunadamente, de nuevo aparece Europa para poner las cosas en su lugar. Así, en febrero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró dicho impuesto contrario al Derecho Comunitario, abriendo una vía para la reclamación de los 13.000 millones de euros pagados injustamente por el céntimo sanitario. ¿Y se cobraron? Pues no. Al menos no todos. Unos por haber perdido los tiques de repostaje y otros porque, otro presidente apellidado Rajoy, en un urgente consejo de ministros, denegaba la opción de reclamar, alegando el consabido riesgo para los «objetivos de estabilidad presupuestaria».
Fueron pasando los años hasta que el Tribunal Supremo fijó normas para la reclamación del injusto impuesto. ¿Y por fin los perjudicados cobraron? Pues no señor. La mayoría de aquellos que reclamaron, afrontando más trabas de las necesarias, siguen esperando a cuentagotas una sentencia favorable.
Por todo esto, cuando escuchamos a los políticos del Partido Popular exigir una bajada de impuestos con urgencia y que se haga ya sin esperar a mañana, es conveniente acordarse de ese llamado céntimo sanitario que se mantuvo en vigor hasta el 2012, sin que se anulase en los años 2007 y 2008, mientras sufríamos la mayor crisis financiera de los últimos tiempos.
Tanto afectaba este impuesto al transporte de Galicia, que el coste de un kilogramo de harina para elaborar el indispensable pan, le costaba a los gallegos dos céntimos más que a los demás compatriotas.
Ya ven ustedes que, hablando de bajar impuestos, una cosa es predicar y otra distinta dar trigo.