El exdiputado Jesús Díaz Fornas opina sobre la decisión de concentrar los casos de violencia sobre la mujer en un juzgado único en Santiago
18 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.L a Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 supuso un salto cualitativo en la administración de Justicia, pivotaba sobre dos principios fundamentales: el incrementar la ratio juez/ciudadano y acercar la Justicia al justiciable. En Galicia implicó recuperar los partidos judiciales degradados en los 60 y crear otros nuevos y, consecuentemente, incrementar notablemente el número de jueces y funcionarios judiciales. En lo que se refiere a los juzgados de las comarcas de Muros-Noia y Barbanza, estos vienen tramitando los delitos de violencia de género con un resultado ciertamente satisfactorio, como lo evidencia el no existir la menor saturación de procesos pendientes de instrucción, y ciertamente la mayoría de los ciudadanos son atendidos en su propio municipio o en otro limítrofe.
Ahora, con la concentración en Santiago de los casos de violencia de género se ponen en peligro los principios de la referida reforma: menos jueces, al menos en principio, y alejamiento de la Justicia al ciudadano, que tiene que desplazarse una distancia mínima de 36 kilómetros y máxima más de 100. No hay que ser adivino para augurar que, de llevar a cabo el proyecto, en un período más corto que largo el colapso de los juzgados en dicha materia está asegurado. Y, por supuesto, es más que previsible el incremento de los gastos de honorarios de letrado y procurador, así como los derivados del traslado. Es poner el mundo al revés, valga la expresión.
Los abogados son, por regla general, unos buenos defensores de los intereses ajenos, pero unos pésimos defensores de los propios. El intrusismo profesional, las reformas que atribuyen determinadas competencias a los notarios y la mediación (ignorando el principio axiomático que llegar a juicio es la última ratio y que los litigantes no quieren componendas arriesgadas sino resoluciones judiciales) están acabando con la profesión. Aunque no tengo interés personal (ya estoy jubilado), espero que esta vez los abogados contribuyan a abortar tan disparatado proyecto y acierten en defender los intereses de los ciudadanos y los suyos propios. Jesús Díaz Fornas, ex diputado de las Cortes, y ponente de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.