En la calle, sin trabajo y con un hijo de 10 años: «Si pagaba el piso no tenía para comer»

Tenía apenas 17 años cuando esta vecina de Boiro empezó a trabajar en un aserradero, pero no tranquilamente en las oficinas, «sino que iba con el resto de los hombres moviendo madera y de todo». De ahí entró de lleno en el sector de la conserva y durante décadas desempeñó distintos puestos en empresas como Frinsa, Escurís, Jealsa, Ignacio Montes... Pero un día su cuerpo dijo basta, «y si trabajaba tres días, me tenía que quedar cuatro tirada en cama sin moverme por el dolor tan grande que padezco, y así claro que no te vuelven a llamar», apunta Manuela, un nombre ficticio porque no quiere desvelar su identidad.

Empezó ahí una espiral de mala suerte que la ha dejado a ella y a su hijo de 10 años con un pie en la calle, porque el día 16 de julio tienen que dejar el piso donde viven, un plazo que ya se ha visto ampliado gracias a la intercesión de la asociación Stop Desahucios y de la Valedora do Pobo. Todo comenzó cuando ella tuvo que dejar de trabajar por sus problemas de salud, «porque tengo cuatro vértebras sin almohadillas, dos hernias discales y padezco fibromialgia. Ahora mismo estoy pendiente de una valoración médica para ver si pueden darme la incapacidad». Por si esto fuera poco, a todo ello se unió que hasta marzo del 2023 estaba recibiendo el ingreso mínimo vital —unos 800 euros—, pero el año pasado hubo una confusión y no presentó una documentación que le pedían, por lo que le sacaron la ayuda. «Me enviaron una carta a un domicilio que tenía hace cuatro años, y que yo nunca llegué a recibir. Al no contestar, me la dejaron de ingresar y tuve que dejar de pagar el piso porque sino no tenía que darle de comer a mi hijo».

Con la ayuda del personal de Servizos Sociais de Boiro ha vuelto a solicitar esta prestación y también la Risga, pero por el momento no cuenta con ningún ingreso, salvo con una pequeña cantidad que le dan por el niño, la ayuda de una amiga y de varias entidades benéficas. Manuela confía en que el próximo julio puedan concederle alguna de las dos prestaciones para dar un nuevo empujón a su vida, pero sabe que no será fácil, «porque no hay pisos en ningún sitio para alquilar, porque están las inmobiliarias que no tienen nada, y después lo que piden es desorbitado. En Boiro uno con dos habitaciones está a 500 euros al mes».

 Falta de pisos

En el domicilio en el que residen actualmente pagaba 335 y las facturas, pero el propietario ya le dijo que no podían seguir allí una vez que se cumpla el plazo del desahucio. «Le ofrecí pagar los atrasos cuando comenzase a tener dinero, pero me dijo rotundamente que no», afirma la boirense, que se queja de que el Concello no dispone de viviendas sociales para casos como el suyo. «Lo único que tengo es que la Valedora do Pobo me solicitó el bono social del alquiler para que pueda pagarlo, pero el problema es que no hay donde alquilar. A ver si con el boca a boca a través de amigos consigo alguna casita, aunque sea en la aldea».

Explica que esta falta de vivienda para arrendar no es una situación que le afecte solo a ella, sino que hay mucha gente en la comarca igual, «y la Xunta debería hablar con los bancos para que esos pisos que tienen embargados los dedicasen a alquiler por precios razonables. Allí podrían vivir muchas personas como yo y el banco no perdería capital», sugiere.

Además, ella sigue buscando un empleo para volver a reconducir su vida, pero es consciente de sus limitaciones y ya descarta regresar a la conserva, «porque tienes que estar levantando peso, o pasar ocho horas sentada o de pie, y yo con mi situación no puedo porque cada día tengo más dolor. Si fuera un trabajo de dependienta o así, pues sí que podría», destaca esta boirense de 52 años.

Mientras tanto, Manuela vive en una angustia continua porque no ve la luz al final del túnel: «Esto es no tener ganas de nada, hay veces que no quiero ni levantarme de cama. Si no fuera por el niño, no sé que haría».

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