La Justicia da marcha atrás y avala el desahucio de una familia de Boiro por un fondo buitre
BOIRO
La Audiencia declaró prescritos los actos de un constructor que había acordado una permuta de inmuebles con los afectados
12 feb 2025 . Actualizado a las 10:02 h.La sección sexta de la Audiencia Provincial ha emitido una sentencia en la que da carpetazo al desahucio de una familia de Boiro ejecutado en diciembre del 2022. Con esta resolución, la sala ha corregido el criterio del juzgado número 3 de Ribeira, que en primera instancia había dado la razón a la pareja frente a un promotor inmobiliario con el que habían acordado una permuta de inmuebles hacía dos décadas.
Para entender el pleito hay que remontarse al 2003, año en el que Patricia Muñiz, una de las afectadas, firmó un intercambio con el constructor. En el contrato se estableció que la mujer debía ceder al empresario una finca de su propiedad en la parroquia de Lampón, en Boiro. El objetivo era el levantamiento de un edificio en el terreno, en el que estaba escrito que la mujer podría escoger un apartamento.
A raíz del documento, la protagonista también recibió un piso en la avenida de A Constitución. Fue en el 2005 cuando la afectada comenzó a residir en la vivienda. Sumado a esto, ese mismo año decidió comprar un apartamento colindante al que era objeto de la permuta con la intención de fusionarlas. Ambas propiedades acabaron unidas físicamente tras unas obras acometidas por el propio constructor.
El problema, siempre según lo relatado en la sentencia, llegó en el 2008 cuando Muñiz solicitó a la otra parte la entrega de la propiedad efectiva de la vivienda. El empresario negó la petición, alegando que no había pagado ni préstamo por el piso que había comprado ni la reforma acometida. Asimismo, argumentó que, pese a estar unidos, cada inmueble tenía independencia registral.
La situación se enquistó todavía más, si cabe, en el 2012, cuando ambas partes recibieron una demanda de ejecución hipotecaria sobre las dos fincas, un derecho que acabó recayendo sobre un fondo buitre.
Libre de cargas
En ese momento, la víctima aseguró que el promotor había hipotecado a su nombre una de los pisos, incluyendo en el acuerdo el inmueble adyacente. Por esto, denunció un incumplimiento de contrato debido a que en su momento se acordó que la vivienda debía ser cedida libre de cargas.
Llegados a este punto, en el 2022 la autoridad judicial decretó el lanzamiento del inmueble. El desahucio fue ejecutado el 20 de diciembre del 2022, cuando el pleito entre Muñiz y el promotor inmobiliario todavía no tenía resolución. Para conocerla hubo que esperar al mes de enero. El juzgado número 3 de Ribeira le dio la razón a la familia desalojado y ordenó al constructor que le otorgase la propiedad de la vivienda.
Sin embargo, ante esta sentencia la defensa del empresario presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. En esencia, alegaba que las acciones habían prescrito, al haber comenzado la relación contractual entre ambas partes en el 2003, algo que fue rechazado en primera instancia.
Si bien la sala no compartió el punto de inicio del problema, sí aceptó que los hechos ya habían caducado. El criterio reflejado en el fallo fue que el conflicto dio inicio «cuando menos» en el 2008, cuando la afectada ya sabía que el acuerdo no se había cumplido. Por ello, la Audiencia Provincial resolvió el asunto estimando el recurso del promotor. Por su parte, pese a que en la sentencia estaba abierta la posibilidad de elevar el expediente al Supremo, la representación de la familia confirmó que han dado el asunto por cerrado.