La denuncia de la casa de Calcoba fue uno de los puntos de mayor tensión en el pleno celebrado ayer en Fisterra, pero no el único en una corporación en la que el PSOE mantiene desde hace meses una postura discreta mientras los nacionalistas encabezan la acción opositora por número de intervenciones y preguntas en las sesiones plenarias.
El portavoz del BNG, Modesto Fraga, quiso saber cuándo se convocará a la comisión creada en otro pleno para tratar de poner en valor el patrimonio subacuático fisterrán, y preguntó por qué no se convocaba ese órgano y no se informaba a sus miembros de las gestiones que se estaban llevando a cabo en ese ámbito. «Convocareina cando teñamos algo firme, cando teñamos algo que dicir», dicjo el alcalde, José Manuel Traba.
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Los nacionalistas pidieron acciones al gobierno local para evitar okupas en el cementerio de Portela y eliminar las comunas de Mar de Fóra. El alcalde explicó que cada vez que se detectaba un grupo allí se daba cuenta a Seprona y Guardia Civil. «É curioso que sexa o BNG o que pida iso das comunas», ironizó Traba. Fraga aseguró que su deber era defender el patrimonio local.
El nacionalista presentó una larga lista de preguntas. Cuánto costaban al Ayuntamiento los pleitos de la Anchoa (aun no están las facturas presentadas), si entró en funcionamiento el saneamiento de Sardiñeiro (sí), o por qué hubo que devolver 12.000 euros de subvenciones de la Diputación que se habrían perdido, entre otras cosas, por presentar alguna fuera de plazo. Tras la sesión Traba explicó que no se concedieron porque no se cumplían los requisitos para ellas, no por plazos.
Fraga quiso saber cómo está el proyecto de la escuela de Suarriba, por qué no hay ya gimnasia de mantenimiento para mayores, qué fue del centro de salud y qué se hará para eliminar las pintadas del colegio Mar de Fóra. El regidor, molesto a esas alturas de la sesión con los ataques del BNG, dijo que respondería en el próximo pleno. La sesión se levantó pero el clima acalorado siguió algo más.
El PSOE se limitó a preguntar por los criterios de contratación y pedir que los derechos laborales no lleguen a la vía judicial.