Los dueños de una casa denunciaron al Concello tras su derribo
08 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La casa ilegal de Calcoba (Fisterra) cayó bajo la piqueta en junio del 2009 tras más de una década de pleitos. En el solar no queda ni rastro de la finca, pero el caso sigue coleando y generando papeles.
Los propietarios presentaron una demanda contra el Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial, exigiendo el pago de una indemnización de 300.000 euros por la desaparición -por sentencia del TSXG- de una vivienda que tenía licencia municipal.
El caso salió a la luz a preguntas del BNG en el pleno celebrado ayer en Fisterra, generándose una agria polémica entre el regidor y el vocal de los nacionalistas. El nacionalista Modesto Fraga reprochó al mandatario que se contratase a un abogado de elevados honorarios para defender el caso cuando podía hacerlo la Diputación, y le recordó al alcalde que la familia contaba con una licencia municipal.
El regidor, José Manuel Traba, le respondió que el abogado en cuestión se había encargado del caso desde sus inicios cuando gobernaba en Fisterra una coalición en la que, entre otros, estaba el BNG, y que fue ese gobierno local el que firmó «unha licenza mal dada para beneficiar a unha persoa que ía nas listas do BNG».
Fraga le reprochó que si la licencia no se ajustaba a la ley, el actual alcalde debía haberla revocado. Traba cuestionó los conocimientos de Fraga sobre actos administrativos asegurando que eso no era posible.
Más allá de la polémica entre ediles, lo cierto es que el Ayuntamiento se enfrenta a un posible pago de 300.000 euros que, dice el alcalde, tiene pocas posibilidades de prosperar.
La casa se construyó sin licencia alguna en Calcoba y solo cuando surgieron los problemas legales tras la denuncia de un vecino, y ya con sentencias de por medio, se realizaron los trámites para tratar de legalizarla. En ese momento se le dio licencia, pero el TSXG tumbó la reforma legal del Ayuntamiento al considerar que se hacía la norma para dar validez a un edificio ya condenado.
En cualquier caso, se inicia de nuevo un largo proceso judicial por una casa que ya no existe y que puede suponerle un desembolso al Ayuntamiento.