Los 7 firmantes de la censura exhiben unidad, piden nuevo presupuesto y dejan sobre la mesa planes municipales
07 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.«Sete, catro, un». Llegó un momento en el pleno de Vimianzo, celebrado ayer por la mañana, en que los asistentes coreaban por lo bajo estas tres cifras, dada la insistencia con que se repetían en los numerosos puntos abordados (había 17 en el orden del día). El 7 se refería a los concejales que firmaron la fallida moción de censura, y que actuaron con total unidad: tres de IxV, dos del PP (el tercero, José Manuel Trillo, no asistió) y dos no adscritos y antes en el PSOE. El 4, a los del BNG. Y el uno solitario era el socialista José Antonio Miñones, que se abstuvo en numerosos puntos, y en otros votó a favor del gobierno. Unanimidades hubo pocas.
Los siete concejales hicieron valer su mayoria absoluta, tanto para tumbar propuestas del gobierno local o forzando que quedasen sobre la mesa, como para sacar adelante sus mociones.
Contrataciones
Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la aprobación del suplemento de crédito, con cargo al remanente del ejercicio pasado, para contratar a cuatro trabajadores del Grumir durante seis meses. El alcalde, Manuel Antelo, dijo que era una muestra «con feitos» del apoyo a esos trabajadores. Miñones le secundó y culpó al PP de la pérdida de ese servicio. Manuel Soto, de IxV, acusó al alcalde de «remendar constantemente o orzamento», con una segunda moficación desde enero, lo que pone de manifiesto el «desgoberno». Pidió que elabore uno con fondos paar empleo y servicios sociales, por vía de enmienda. Pero la enmienda no es posible en este tipo de puntos, indicó el regidor. Antelo se preguntó por los «intereses espurios» para impedir esas contrataciones, siendo Vimianzo el único concello de la zona que asumiría el Grumir con fondos propios. Aseguró que sí hay presupuestos, prorrogados, que permiten pagar al día a proveedores y con una gestión de ahorro que permite precisamente estas contrataciones. Soto replicó que la ley marca la obligaciónde tener un presupuesto a 31 de diciembre, y el alcalde señaló que la prórroga y las modificaciones son habituales en todas las Administraciones, por ejemplo en la Diputación, lo que permite sacar adelante obras.
Antelo, que recordó que también hay plan de empleo, dijo no entender la postura de los siete ediles, y que dejar este tema sobre la mesa «é como votar en contra». Finalmente, quedó, y el PSOE votó con el BNG.
Con la transferencia de crédito (proveniente del ahorro por poder pagar a plazos la Casa da Cultura) para becas escolares y ayuda a Protección Civil volvió a pasar casi lo mismo, solo que Miñones se abstuvo: también quedó sobre la mesa. Soto regresó al Grumir: si la contratación fuese solo de cuatro personas, los otros que también trabajaban quedarían en el paro, de ahí que insistiese en un presupuesto ambicioso, reorganizando ingresos y dando más servicios. Antelo se alarmó por que no se puedan conceder becas o ayudas para emergencias: «¡Que non haxa un accidente!». Insistió en la validez del actual presupuesto y reiteró las críticas a la postura de la oposición por no defender sus intereses. Soto, que pidió a Antelo que no le atribuya cosas que no dice, señaló que con las actuales cuentas ya hubo becas. Antelo asintió: «Pero hóuboas precisamente porque se fixo unha modificación de crédito».
Dos propuestas del ejecutivo sí salieron adelante por unanimidad: la modificación de la ordenanza del agua para que el cambio de titular, por fallecimiento, deje de costar 30 euros, y la ordenanza del registro de asociaciones. También la moción, común en la comarca, de apoyo a los preferentistas.
Abogado y procurador
Pero el 7-4-1 regresó al elegir abogado para representar al Concello en los contenciosos interpuetos por la Xunta por dos estudios de detalle en Baíñas y A Piroga. Urbanismo asegura que se han usado figuras jurídicas inadecuadas o se ha aplicado mal una ordenanza, temas que ya se habían tratado en pleno. El alcalde recordó que su postura era la de seguir el criterio de la Xunta, pese a no ser de su partido. Soto indicó que las decisiones adoptadas se tuvieron en cuenta los criterios de los técnicos municiaples. En todo caso, eligieron defensor. El alcalde propuso al que ya tiene contrato con el Concello, Óscar Rodríguez, más procuradora. La oposición propuso a Manuel Antelo Trillo. Por cada pleito se pagarán 3.980 euros. Antelo Pzos deslizó que «se cadra estase pagando o traballo en mocións de censura que non foron adiante».