La Ley de Costas podría facilitar la regularización de 1.383 construcciones
CARBALLO
El diputado Román Rodríguez expuso a alcaldes y portavoces del PP de la zona las líneas generales de la reforma
12 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El portavoz de ordenación del territorio del grupo parlamentario del PP, Román Rodríguez, presentó ayer a alcaldes y cabezas de lista del PP en la Costa da Morte las líneas generales de la reforma de la Ley de Costas de 1988, que deberá concretarse en un reglamento cuya publicación está prevista para finales de año, según informó el director general de Costas en una jornada para técnicos y responsables municipales de urbanismo celebrada esta misma semana en Santiago.
Román Rodríguez manifestó ayer en Carballo que la modificación «abre unha porta», a través de la disposición transitoria primera, para que aquellas áreas que en 1988 no estaban calificadas como urbanas pero reunían los requisitos para serlo «poidan recoñecerse como núcleo rural». En la Costa da Morte serían 16, según los datos que maneja el PP.
El diputado aseguró que no habrá «barra libre» y que no se trata tampoco de «unha amnistía xeral», pero por las explicaciones que dio la ley se lo pone bastante fácil a los ayuntamientos, que son los que deben realizar los trámites. Por ello, insistió ante sus compañeros de partido en la importancia de aprovechar «a oportunidade que se abre. Os concellos debemos collela porque soluciona os problemas dos nosos veciños». En la Costa da Morte podrían regularizarse 16 núcleos en 13 municipios, lo que facilitaría la legalización de 1.383 construcciones -Román Rodríguez matizó que todavía no se han filtrado los datos para saber cuántas son viviendas y cuántas otra clase de edificaciones- de todo tipo.
Tramitación
La ley establece una vía de tramitación ordinaria a la que podrán acogerse los concellos «que demostren -explicó Rodríguez- que tiñan servizos urbanísticos no 88 e un nivel de colmatación dun terzo da superficie». En la Costa da Morte difícilmente puede encontrarse un núcleo que cumpla estas condiciones, ya que la mayoría todavía carecen hoy de servicios básicos como el abastecimiento de agua o el saneamiento. Pero para estos existe «un plan B» -como lo definió el portavoz de ordenación del territorio del PP- que se basa exclusivamente en el grado de consolidación. «Os que tiñan algún tipo de planeamento no 88 poden redefinir núcleos partindo de dous terzos de consolidación, e os que non, do 50 por cento», dijo. Pero estas cifras, según dijo Román Rodríguez ante la duda que planteó el carballés Alberto Sueiro, no se referirían a 1988, sino al momento en el que se realice la solicitud. Es decir, según la teoría presentada ayer por el diputado, los núcleos que cumplan esos requisitos de colmatación en la actuación podrían acogerse a la disposición transitoria primera de la reforma, y además sin la necesidad de contar con servicios básicos, lo que abre la vía de la legalización para muchas más zonas.
Desde el punto de vista político, Román Rodríguez fue crítico con el PSOE porque «nunca tivo a sensibilidade» de solucionar un problema que «é fácil de arranxar». Los concellos solo tienen que cumplir los requisitos y los plazos. Aquellos en los que el núcleo en el que se pretende reducir la zona de servidumbre ya esté delimitado disponen de tres meses para enviar la petición a Madrid. Donde este supuesto no se cumpla la tramitación es «máis complexa, porque -apuntó el diputado- hai que redefinir un novo núcleo», pero también se amplía el plazo a dos años.