El juez ve indicios de falsificación idénticos a los de las ayudas forestales
28 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, Iván Barallobre, que investiga la trama forestal de la Costa da Morte, ha solicitado al secretario general de Medio Rural e Montes un total de 13 contratos firmados por el procedimiento negociado y sin publicidad entre la Subdirección Xeral de Recursos Forestais y la compañía Maceiras y Esmorís, propiedad del empresario vimiancés Manuel Maceiras, principal implicado en la presunta estafa de las subvenciones de reforestación. Lo hace en base al informe policial de la UDEF, que percibe en estos contratos el mismo tipo de irregularidades que en el caso de las ayudas para las plantaciones.
Concretamente, son seis expedientes del año 2008, cuatro del 2009 y otros tres del 2010, en los que el juez ve indicios de un posible delito porque siguen «el mismo modus operandi» y podrían suponer una «nueva manipulación». De ahí que quiera conocer las fechas exactas en las que se iniciaron los procesos, cuándo se firmaron, cuantas hectáreas había que desbrozar en cada caso, el importe de licitación y el de adjudicación, así como los tipos de contrato utilizados.
Todo ello, porque la UDEF, todavía a nivel indiciario, apunta la posibilidad de que se falsificaran y simularan ofertas de igual modo que en la trama de reforestación ya que hay muchos puntos que desatan todo tipo de sospechas como, por ejemplo, que se presenten las mismas tres empresas que para las plantaciones, una de ellas a nombre de la esposa de Maceiras y otra propiedad de un empresario de la zona, que quedó desimputado de la trama, después de que el juez entendiese que a él también lo habían engañado.
Estas dos compañías, que muchas veces presentaban ofertas idénticas, nunca conseguían los contratos que eran siempre para Maceiras y Esmorís, que, en ocasiones, llegó incluso, según la policía, a presentar su propuesta sin haber recibido siquiera la invitación de la Xunta por fax.
Además, el juez quiere determinar por qué se le adjudicaban trabajos por un importe superior al de la oferta o como es posible que se firmasen los contratos incluso una semana antes de su adjudicación. Entiende que todas estas irregularidades podrían ser constitutivas de delito y, cuando menos, permiten suponer «algún tipo de connivencia entre Manuel Maceiras y, o bien algún funcionarios de la Xunta, o bien determinadas empresas que participaban en los procesos de contratación pública».
Para los partidos de la oposición y el sindicato FRUGA, que representa a la gran mayoría de los afectados, se trata de un asunto especialmente grave porque afecta de manera directa al funcionamiento de la Administración pública, que en este caso no tiene el mero papel de supervisor sino que es una de las partes contratantes.
De ahí que la diputada del BNG, Tereixa Paz, haya trasladado esta preocupación a la comisión de Montes del Parlamento en la que ella y el portavoz del PP en esta materia, José Manuel Balseiro, mostraron las diferentes posiciones que mantienen.
Para Paz es insuficiente, por no decir nula, la labor de investigación interna que está llevando a cabo la Xunta para analizar lo sucedido e impedir que vuelva a pasar. Sin embargo, Balseiro considera que el gobierno autonómico cumplió todos los procedimientos y ahora lo que toca es esperar al fallo de los tribunales para después, si fuese el caso, adoptar las medidas necesarias y depurar responsabilidades.
La investigación quiere determinar si el empresario contó con apoyo de funcionarios