En política no me gusta personalizar las polémicas porque, si se hace así, suele trasladarse la imagen de que el político es el único responsable de cualquier decisión. Pero a la vista de lo que está pasando en los últimos años con el ministro Montoro, me es difícil no caer en la tentación, sobre todo teniendo en cuenta el desparpajo que suele mostrar en público don Cristóbal cuando se enfrenta con las críticas que le plantean.
Viene esto en relación con la reciente y polémica decisión de exigirles a todos los concellos que tengan en sus plantillas un tesorero, funcionario de alto nivel, para el control de los fondos públicos. En un primer momento esta noticia me dejó tan sorprendido que, pretendiendo ser bien pensado, hasta se me ocurrió que debía responder a una política de promoción del empleo público con la que el Ministerio de Hacienda quería dar ejemplo. Porque ahí es nada: crear de golpe casi 8.000 puestos de trabajo bien cualificados, teniendo en cuenta que esa debe ser la cifra de pequeños municipios en todo el país que no tienen tal figura funcionarial.
Sin embargo, y ya con más reposo, la conclusión es que decisiones como esta no vienen más que a poner de manifiesto la total improvisación y falta de criterio que nos viene imponiendo este ministro. Solo tenemos que recordar, por ejemplo, el fracaso de aquella amnistía fiscal del 2012 o los continuos cambios en la legislación fiscal por parte de su departamento.
Lo que sucede es que esto de los tesoreros municipales es asombroso. En primer lugar, hemos de decir que la Administración Local es, de lejos, la menos endeudada de este país y, pese a ello, a los concellos se les están poniendo todo tipo de trabas para destinar a inversiones los fondos que muchos de ellos tienen depositados en las cuentas bancarias.
Pero, en segundo lugar, nos hemos pasado años oyendo sobre la necesidad de reducir el número de concellos de nuestro país, para que lleguen a tener un tamaño adecuado y una entidad económica lo suficientemente grande que les permita prestar, con la mayor autonomía, los servicios que demandan los vecinos. Y ese objetivo parecía justificado cuando todos los datos nos muestran que la mayoría de ellos tienen menos de 5.000 habitantes. Pues bien, ahora resulta que, sin ningún estudio ni justificación razonable conocida, en vez de aprobar las medidas oportunas para facilitar la unificación de entidades locales y racionalizar las plantillas de funcionarios municipales, se adopta una medida totalmente contradictoria.
Y lo es porque a esos pequeños concellos incluso se les exige incrementar la plantilla con funcionarios cuya cualificación exige asimismo unos sueldos elevados y evidentemente desproporcionados con respecto al volumen de gestión que teóricamente tendrían que controlar.