La Fiscalía solicita un máximo de 23 años para el alcalde de Cee por la operación Orquesta
CEE
Al exregidor de Corcubión le pide dos años y nueve meses, mientras que el de Fisterra queda libre
15 dic 2016 . Actualizado a las 01:10 h.El alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo Sambade, se enfrenta a varias penas de prisión por un total de 17 a 23 años por falsedad, cohecho y prevaricación, entre otros delitos, relacionados con el supuesto amaño de concesiones de obra pública, dentro de lo que se conocía como operación Orquesta y que derivó en causas separadas en los concellos de Fisterra, Corcubión, Cee y Mazaricos. Una operación que se inició a raíz de conversaciones de terceros intervenidas en un asunto de tráfico de drogas y saltó a la luz justo antes de las municipales del 2011, con la detención de tres de los cuatro regidores y la presencia simultánea de decenas de policías en los ayuntamientos para llevarse documentación
La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Corcubión, María Purificación Prieto Picos, acaba de dictar -lo hizo el viernes y le fue comunicado a ayer a los interesados- auto de apertura de juicio oral en los tres primeros casos, mientras que el de Mazaricos, competencia de los Juzgados de Muros, todavía está en una fase de instrucción anterior en la que los defensores aún no han recibido petición de penas por parte del ministerio público.
En el caso de Fisterra, donde estaban incriminados, entre otros, el exalcalde José Manuel Traba (PP) y sus compañeros de gobierno, Santiago Insua y Ramón Redonda, ha quedado todo sobreseído provisionalmente y la causa se archiva.
En Corcubión, por contra, al exalcalde, Francisco Javier Lema Fuentes (PSOE), ya retirado de la política, porque no se presentó a las últimas elecciones, se enfrenta a una petición de nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa más dos años y nueve meses de cárcel y otros ocho de inhabilitación por fraude a la administración. Supuestamente habría justificado la finalización de una obra cuando aún no se había ejecutado.
Sin embargo, es en Cee, donde la Fiscalía ve el grueso de los ilícitos penales, con el alcalde, Ramón Vigo, en el centro de la diana. Le acusa de fraccionar contratos para poder adjudicarlos sin concurso ni publicidad a la empresa de construcción Daniel Ogando a cambio de mordidas, una de ellas de 29.000 euros recibida en su despacho en efectivo en agosto del 2010. También le responsabiliza de inventarse con Jorge López, un agente de orquestas que haría de intermediario, facturas para justificar una subvención de la Xunta para las fiestas de 30.000 euros, que finalmente no les fue concedida. Incluso le señala por pedirle a un policía local dos multas de un conocido suyo, que implicaban la retirada de cuatro y seis puntos del carné, para guardarlas en un cajón y que no se tramitasen.
Así, por el delito de falsedad en documento oficial le piden cinco años de cárcel, por prevaricación continuada nueve años de inhabilitación o seis de prisión, en «caso de que se apreciase que también medió otro delito de falsedad documental. Por cohecho pasivo se enfrenta a otros seis años de reclusión, por infidelidad en la custodia de documentos, tres, y otros tantos por exacciones ilegales, que es el tipo relacionado con el supuesto cobro de cantidades por las barracas de las fiestas de la Xunqueira muy superiores a las que luego se acreditaban en las cuentas de las celebraciones.
Además, al arquitecto encargado de la obra de la Casa da Cultura, a la que responden la mayoría de los contratos fraccionados, la Fiscalía la pide inhabilitación o cárcel en caso de que se detecte delito de falsedad. El que fuera teniente de alcalde de Vigo, Juan Bautista Areas, se enfrenta a año y medio por cohecho pasivo, mientras que los empresarios Daniel Ogando Ogando y su hijo Daniel Ogando De la Sierra, suman peticiones de más de 17 años.